Perú es el segundo país que acoge la mayor cantidad personas refugiadas y migrantes de Venezuela, con casi un millón 300 mil  personas viviendo en el país. También hay colombianos, haitianos, ecuatorianos y de otros países.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó ayer por  mayoría el dictamen que facilita la expulsión de extranjeros y fortalece la seguridad ciudadana.

Según la legislación peruana, todo extranjero que incurra en delito debe abandonar el territorio nacional, y conlleva el impedimento de reingreso al país hasta por el plazo de quince años, estando el retorno condicionado al pago de la multa respectiva.

Asimismo, el dictamen establece que el producto del trabajo obligatorio de los condenados con pena privativa de libertad efectiva, se destinará a costear los gastos integrales de su permanencia en el establecimiento penal; el pago de la reparación civil; la prestación alimenticia de ser el caso y formar un fondo propio.

Américo Gonza (PL), presidente de la comisión, afirmó que el nuevo texto sustitutorio, logró ser consensuado, para lo cual se retiró la disposición referida a la infracción a las reglas sanitarias y, también, la medida sobre el uso del SOAT y licencia de conducir.

La iniciativa legislativa presentada en febrero del presente año, busca instituir la inmediata expulsión de los ciudadanos extranjeros que cometan faltas o delitos en flagrancia y contribuir a la solución de una inminente inseguridad ciudadana en el país.

Es decir, por motivos de seguridad ciudadana se puede limitar el ingreso y tránsito de los extranjeros, de conformidad con los principios de proporcionalidad y soberanía nacional.

Recordemos que durante semanas se registró crisis migratoria en la frontera sur entre Perú y Chile, en la que los ciudadanos extranjeros protagonizaron actos de violencia e incluso se enfrentaron a las fuerzas del orden de ambos país.