Por: Carlos Meneses

Puno fue testigo de uno de los episodios más violentos durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte a fines del 2022. Son 226 personas heridas, 18 ciudadanos perdieron la vida durante los enfrentamientos contra las fuerzas del orden.

El Gobierno aprobó la prórroga del estado de emergencia por 60 días para Puno, además para el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y algunos distritos de Madre de Dios. Esta medida constituye un mecanismo que tiene por finalidad la ejecución de medidas excepcionales, inmediatas y necesarias ante  peligro inminente que afecte la vida de las personas y el patrimonio público y privado.

Entre enero y febrero del presente año, Puno fue escenario de violentas protestas sociales que dejaron casi 20 personas fallecidas, por ello el Gobierno decidió declarar en emergencia la región para evitar desmanes y actos de violencia.

Gremios y asociaciones, días antes de la ampliación de la emergencia, anunciaron que reanudarán protestas en Puno contra el gobierno de Dina Boluarte, el rechazo al actual gobierno continua movilizando a la ciudadanía a las calles.

Entre los planes se encuentra la posibilidad de organizar una marcha con dirección a la capital que sería bautizada como la ‘Tercera toma de Lima’ a iniciar a mediados de julio.

El estado de emergencia es, en principio, un régimen de excepción, pero no es suficiente para solucionar los problemas de Puno y de otras regiones del sur del país.

En los primeros meses del año, hemos sido testigos del incremento de conflictos y demandas sociales que el gobierno no ha sabido solucionar. Sin embargo, en todo este tiempo, el Gobierno no hizo nada para atender las demandas sociales de Puno y otras regiones del sur. El Altiplano figura entre las ciudades que registran más conflictos sociales de hace décadas.

La respuesta del Estado a los conflictos  no es la esperada. En primer lugar, por la falta de capacidades institucionales; segundo lugar, existe la necesidad de cambios normativos que se adecúen a la situación actual y en tercer lugar, encontramos que el Estado carece de políticas de largo plazo y el sistema político carece de actores consolidados, con lo que suelen encontrarse visiones contradictorias respecto a qué debe hacerse.