Por Erika Romero Díaz.

Es procesado por hechos que ocurrieron en 2017 cuando se desempeñaba como defensor de la MPA. Fallo judicial, que está en apelación, lo condenó a 3 años y 6 meses de pena efectiva convertida a 182 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

SE TRATA DE JUAN JOSÉ PINEDA ÁVALOS

Juan José Pineda Ávalos fue intervenido ayer por la Policía Anticorrupción, él es el procurador de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, es decir es el defensor jurídico de esa entidad estatal. Esta no es la primera vez que lo investigan. Cuando era procurador en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ocurrieron una serie de hechos presuntamente irregulares que merecieron la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y el inicio de un proceso judicial que ya tiene una sentencia en primera instancia en la que se le impone 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva convertida a jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Además, se dispone su inhabilitación de 7 años y 6 meses y el pago de una reparación civil de S/ 25 mil. Este fallo ha sido apelado, aún no se ha precisado las fechas para las audiencias.

En el fallo judicial se lee que Juan José Pineda Ávalos es autor del delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión simple.

LOS HECHOS

La MPA es propietaria de un terreno de 84,6080 hectáreas que está ubicado al suroeste del parque industrial de Río Seco (Cerro Colorado), varios años atrás esa extensión de tierra era eriaza, pero con el paso del tiempo empezaron las invasiones. Desde el 2010, aproximadamente, hasta la fecha en ese espacio se han edificado casas y se han asentado asociaciones como Las Lomas, Asociación Los Bosques, Asociación Santiago de Pupuja, Asociación Eden y Asociación Nueva Juventud.

El problema empieza cuando se conoce, en el 2017, de la existencia de dos resoluciones municipales: La primera es la N.º 242 del 12 de octubre de 1984, en ese documento la MPA reserva el terreno en mención para fines de industria a solicitud de la Asociación Pequeñas Empresas Industriales (APEI). El otro documento edil es el signado con el N.º 144-R, del 24 de mayo de 1985, con el que se autorizó la inscripción de dicha superficie a nombre de la MPA en la Partida Registral N.° 001136017.

“En cuyo asiento c) Título de Dominio precisa: ‘el Concejo Provincial de Arequipa, es propietario del inmueble que se inmatrícula a mérito de la Resolución Municipal N.° 144-R (…)’; en consecuencia, el propietario del terreno es la Municipalidad Provincial de Arequipa”, se lee en la acusación Fiscal a la que tuvimos acceso.

Aun así, el representante de APEI inicia una serie de acciones para recuperar el terreno invadido con miras a que se cumpla lo señalado en las resoluciones municipales citadas líneas arriba.

LA CITA

La primera acción de parte de APEI fue enviar una invitación de conciliación al entonces alcalde de la comuna, Alfredo Zegarra Tejada y a Juan José Pineda Ávalos, el expediente de ese proceso es el 128-11-17. La pretensión de APEI era que el municipio le pague la suma de 20 millones de soles por daño emergente, lucro cesante y daño a la imagen de la persona jurídica. En la oferta de conciliación, de noviembre de 2017, ofrecida por APEI se planteó.

“Que la Municipalidad Provincial de Arequipa, con la aceptación de Empresas Industriales, con vista del padrón y planos aprobados, previo procedimiento establecido por Ley, procederá a la titulación directa de los ocupantes precarios-invasores agrupados en las Asociaciones Asentamiento Humano Las Lomas, Asociación Los Bosques, Asociación Santiago de Pupuja, Asociación Eden y Asociación Nueva Juventud, que cumplan en el plazo de tres meses, con acreditar el requisito de no tener propiedad inmueble con fines de vivienda registrada y el pago de las siguientes obligaciones: pago en caja y/o cuenta corriente de la Municipalidad de la suma de S/1,000.00; el depósito de S/6,000.00, en cuentas que en su oportunidad indicará únicamente el apoderado de Empresas Industriales; depósito que se verificara por concepto indemnizatorio”, esto fue de conocimiento de trabajadores ediles que alertaron del hecho al Órgano de Control Institucional de la MPA.

Juan José Pineda Ávalos, entonces procurador de la MPA, aceptó los términos de la conciliación, algunos de los invasores por el temor de perder sus viviendas hicieron algunos desembolsos, otros en cambio no dieron nada porque se enteraron de que lo acordado no era legal puesto que el propietario de esos terrenos siempre fue el municipio.

También se enteraron que sólo el Concejo de Regidores es el que aprueba la disposición de terrenos y otros bienes de propiedad del municipio.

UN TESTIGO

Baltazar Melchor Mamani Champi vive en la zona y señaló ante el fiscal a cargo de la investigación que varias veces el representante de APEI lo invitó a una conciliación y apenas se enteró de un proceso de desalojo fue a conversar porque quería titularse y acuerda dar un monto de S/ 3 mil que se pagaba a las cuentas de la MPA y a la cuenta bancaria de APEI se depositaba S/ 2 mil.

Se supo que cerca de 10 personas del AA. HH Las Lomas pagaron a la MPA y a APEI solo 4 personas.

Después de analizar las pruebas del Ministerio Público, el juez de primera instancia, Eddy Leva Cascamayta sentenció a Juan José Pineda Ávalos como autor del delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Colusión simple.

Esta consiste en la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección popular e incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.