Por: Pedro Rodríguez Chirinos – Asociación Rerum novarum.

Empezamos definiendo la palabra Estado. En su etimología: “La palabra Estado proviene del latín status, significa modo de ser, situación de una persona o cosa, su sinónimo Nación (o grupo de naciones) sometidas a un solo gobierno.”  Tenemos otra definición: “Orden, jerarquía y calidad de las personas que componen un pueblo.   También, se precisa como el cuerpo político de una nación que, como una familia, es una forma plural de la sociedad humana.  Su misión es procurar que la acción de todos los miembros tienda libre y eficazmente a realizar el fin de la sociedad.”

La última definición, nos interesa por su acepción de libre y eficaz. Libre, para que esta acción sea realmente libre, el Estado debe dar la protección y la tutela de derechos contra caprichos y la violencia que, además, de garantizar la libertad, aseguren su orden. Para que sea eficaz, ha de suplir la insuficiencia privada con su asistencia y su cooperación procurando el bienestar de sus miembros, sin eliminar la responsabilidad de cada individuo.

Encontramos en la Encíclica Centesimus annus de Juan Pablo II la oportuna reflexión sobre el papel del Estado: “…el papel del Estado en el sector de la economía. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes.”

En esta reflexión siempre será el primer asunto del Estado la seguridad, de tal forma que aquel trabajador tenga un trabajo digno y pueda ser acompañado por un salario justo. Pero hoy existe una falta de esa seguridad, junto con la corrupción de los poderes públicos y la proliferación de fuentes impropias de enriquecimiento y de beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o puramente especulativas, es uno de los obstáculos principales para el desarrollo y para el orden económico. (CA, 44-50) 

El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuando situaciones particulares de monopolios crean obstáculos al desarrollo. Pero, aparte de estas responsabilidades de armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejercer funciones de suplencia en situaciones excepcionales, cuando sectores sociales o sistemas de empresas, demasiado débiles o en vías de formación, sean inadecuados para su cometido. Pero no de servicio a grandes intereses que a la larga solo generan problemas de difícil solución, donde el poder económico se vuelve dominio político y de ahí surge la corrupción en una escala insospechada.

No se debe caer en la tentación de un Estado asistencialista que lleve a una falta de madurez de la población o un Estado que lleve y cargue con todo quitándole la autonomía a la ciudadanía. En pocas palabras es malo siempre asistir o siempre dirigir. Para ello existe la propuesta del principio de subsidiariedad. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común.

Sobre ese principio tenemos, por ejemplo, las cocinas populares o comedores, los cuales ayudan directamente a las personas necesitadas. No son para siempre y tampoco pueden ser dadas en vista de sostener a una clase política y asegurarse votos a favor de aquellos que gobiernan, los cuales solo buscan obligar a esos ciudadanos frágiles y fácilmente manipulables por el hambre y la necesidad, eso es un abuso.

Hoy apreciamos como se formó una forma autoritaria o casi dictatorial en el gobierno actual, dada por los vacíos heredados y vigentes de la corrupción.

La cultura y la praxis de lo dictatorial o totalitario comportan donde el Estado, o bien el partido o los partidos, que creen poder realizar en la historia el bien absoluto y se erigen por encima de todos los valores, no puede tolerar que se sostenga un criterio objetivo del bien y del mal, por encima de la voluntad de los gobernantes y que, en determinadas circunstancias, puede servir para juzgar su comportamiento.

Esto explica por qué esa postura trata de callar o destruir las instituciones que velan por el respeto democrático, llámense el jurado electoral, la defensoría del pueblo, hasta incluso en la agenda seguiría la Iglesia o, al menos, someterlos, convirtiéndolos en instrumento del propio aparato ideológico y de intereses privados que son ajenos al bien de la comunidad. Al bien común.

Para ello siempre existirá una salida, la democracia. Se aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Por esto mismo, no puede favorecer la formación de grupos dirigentes restringidos que, por intereses particulares o por motivos ideológicos, usurpan el poder del Estado. (CA, 46)

Se pide que la vida democrática no acabe en las urnas, puesto que es una actitud que día a día, se renueva y vigila. En ello, se necesita unos valores que hoy se precisan decirlos en voz baja y alta cuando sea necesario, la verdad, la honestidad, solidaridad, justicia y equidad, ellos deben orientar la acción política, sin ellas las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.

Lamentablemente los que gobiernan están cabalgando un tigre, y tarde o temprano serán devorados por la cabalgadura.

Nota. – Encíclicas Rerum novarum y Centesimus annus