Por: Christian Capuñay Reátegui

La experiencia política en el Perú nos demuestra que un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso tiene todo cuesta arriba para plasmar las políticas públicas planteadas en su agenda programática. En palabras más llanas, en tal escenario le resulta muy difícil gobernar. No solo difícil. Es casi imposible.

Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo pueden dar fe de ello. Sus administraciones se estrellaron contra los peñascos que una oposición irreductible colocó en sus respectivas rutas, contribuyendo con lo que ya muchos consideran el más largo periodo de inestabilidad política de las últimas décadas en el Perú. Castillo se suicidó políticamente, de eso no hay duda, pero ello no niega que el Parlamento lo haya tenido contra las cuerdas incluso desde antes de asumir la Presidencia de la República.

Sin embargo, como lo hemos podido comprobar recientemente, no se trata solo de un fenómeno exclusivo del Perú. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no tuvo más remedio que cerrar el Congreso y adelantar las elecciones como única salida para librarse de lo que él llamó el acoso de la oposición parlamentaria.

Este escenario pone a prueba la institucionalidad de los países. En aquellos donde es débil, como el Perú, el enfrentamiento entre poderes y sectores políticos desemboca en grandes crisis que truncan proyectos de gobierno y prolongan la inestabilidad. No ocurre así en aquellos con un cuerpo institucional más formal y sólido, como Chile, donde, pese a tener una oposición fortalecida tras el último proceso constitucional, nada hace pensar que Gabriel Boric no vaya a terminar su gestión.

Librarse de esta espada de Damocles no debería llevar a los gobiernos a forjar una alianza tácita con las fuerzas de oposición en el Congreso que lleve a este último a obtener una cuota de poder desmesurada como retribución por dejar en su puesto al presidente de turno.

El desafío de fondo es ofrecer una respuesta institucional a fin de evitar que nuestros países transiten siempre por una ruta de inestabilidad que solo entorpece la generación del entorno político, económico y social requerido para promover el crecimiento, generar empleo y bienestar a los hogares.

Quienes aborden una situación tan compleja como la descrita podrían considerar la posibilidad de plantear reformas políticas y constitucionales que abran el paso a mecanismos más eficaces para abordar y solucionar los conflictos entre los poderes del Estado. Tales instrumentos existen, pero estos han sido rebasados por la dinámica actual y ya no son funcionales a la estabilidad ni mucho menos a la democracia.

No obstante, resulta complicado que un Congreso interesado en seguir concentrando dominio busque una salida que fortalezca el equilibrio de poderes y la institucionalidad. Seguramente será una tarea para cuando soplen nuevos vientos.