El juez Richard Concepción Carhuancho emitió la resolución que dispone el enjuiciamiento contra el expresidente por la licitación irregular de los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica. Responderá por 12 hechos de presunta colusión con Odebrecht y por lavado de activos.

FISCAL PIDE 20 AÑOS DE PRISIÓN PARA EXPRESIDENTE

“El acusado Alejandro Toledo Manrique, con infracción a su deber de resguardar los intereses del Estado, asumió un compromiso ilícito con el interesado, en este caso con el representante de la empresa Odebrecht Jorge Henrique Simoes Barata, con la finalidad de defraudar el interés público”. Esta es una de las diversas conclusiones de la resolución judicial con la que el juez de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, ordenó que se inicie el juicio oral contra Alejandro Toledo, por la irregular licitación de los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica a la empresa Odebrecht y sus consorciadas, según El Comercio.

De esta manera, en los próximos días, un Juzgado Penal Colegiado Nacional deberá señalar la fecha de inicio de juicio oral para que el exmandatario afronte la última etapa de un largo proceso judicial que empezó en el 2017, pero cuyos presuntos ilícitos se remontan a su gestión como presidente del Perú, entre los años 2001 al 2006.

El auto de enjuiciamiento también incluye al ciudadano israelí Avraham Dan On (exjefe de seguridad del gobierno de Toledo), Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco-Font Quevedo, Gonzalo Ferraro Rey, José Fernando Castillo Dibós y Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone.

Como terceros civilmente responsables por presuntos delitos de colusión y lavado también han sido incluidas las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.-ICCGSA, JJ Contratistas Generales S.A., GYM S.A., Graña y Montero S.A.A.

Mientras que, las empresas del grupo brasileño Constructora Norberto Odebrecht S.A. – Sucursal Perú (ahora CNO S.A. Sucursal Peru), Constructora Norberto Odebrecht S.A.- Matriz Brasil (ahora CNO S.A.), Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2-S.A. y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3- S.A. serán enjuiciadas por el presunto delito de lavado de activos.

El Ministerio Público ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel para Toledo Manrique al acusarlo por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. Mientras que la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava jato ha solicitado S/ 1800 millones y US$ 400 millones como reparación civil por este caso.

MÁS DE MIL PRUEBAS

Según la resolución judicial a la que accedió El Comercio, el juez Richard Concepción Carhuancho estableció que la tesis a debatir en el juicio oral será que Toledo Manrique habría protagonizado diversos momentos colusorios, desde la preparación de las bases, la convocatoria, el concurso, la licitación y ejecución de las mismas con decisiones y órdenes orientadas a beneficiar a la empresa brasileña y las empresas peruanas implicadas.

La referida tesis fiscal señala que entre los años 2004 la 2006, el expresidente “sostuvo diversas reuniones subrepticias” con funcionarios de la empresa Odebrecht, Jorge Henrique Simoes Barata (superintendente de Odebrecht en Perú), Marcelo Bahia Odebrecht (CEO-director ejecutivo) y Daniel Villar Bizerra – Ejecutivo, por el cual él ofreció el Proyecto de Inversión Pública “Interconexión Vial Inapari-Puerto Marítimo del Sur, el mismo que se conoce hoy en día como “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil-Tramos 2 y 3″.

Según lo sustentado por el fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, dicho ofrecimiento lo hizo a cambio de beneficiarse ilícitamente con el pago de US$35 millones.

“Por tanto, al tener en consideración que el delito de colusión puede ser configurado a lo largo de todas las fases del proceso de contratación, se evidencia que el ahora acusado Alejandro Toledo Manrique tuvo participación no solo en la fase preparatoria sino también en la fase del concurso, gestionando el cambio de las bases del concurso y modificaciones en los contratos, hecho que también resulta ser indiciario del pacto colusorio”, señala en el documento judicial.

Para arribar a dicha conclusión, el juez Concepción Carhuancho admitió un total de 1135 pruebas presentadas por la Fiscalía en contra del expresidente Alejandro Toledo y otros, para probar que este habría cometido los delitos de colusión y lavado de activos.

CONCLUSIONES

El documento judicial ha especificado 12 imputaciones específicas en contra del expresidente Alejandro Toledo por el presunto delito de colusión, al señalar que en su condición de alto funcionario público, conociendo las reglas del proceso de concesión, inobservó su deber de garante en el cumplimiento de las normas.