Por Miguel A. Rodríguez Mackay Ex canciller de la República del Perú.

Debió rechazarse Informe de la CIDH en la OEA

Se ha perdido, sorprendentemente, la inmejorable oportunidad de la quincuagésima tercera Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se desarrolla en la ciudad de Washington, para rechazar frontalmente el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas en el Perú entre diciembre de 2022 y los dos primeros meses de 2023. Un Informe que prácticamente imputaba al Gobierno del Perú –solapadamente disimula su cometido por la estrategia del condicional en la redacción de las imputaciones–, específicamente a sus autoridades más importantes en la toma de decisiones (jefa de Estado y ministros de Estado) de responsabilidad por la comisión de delitos precisamente por violación de derechos humanos, los de mayor sensibilidad en el desarrollo del derecho penal contemporáneo.

La canciller Ana Cecilia Gervasi participó por el Perú con una actitud diplomática, en la más importante reunión política del continente. Desaprovechó una oportunidad de oro, pues era la ocasión propicia para decirle a las Américas que en el Perú, que es un país democrático, existe un firme respeto del estado de derecho, y que el Gobierno nacional rechaza tajantemente la imputación de la Comisión en el sentido de que se produjeron ejecuciones extrajudiciales durante las manifestaciones violentas, tal como fueron calificadas por la propia CIDH.

No es posible, ni tolerable desde ningún punto de vista, que la ministra haya dicho que “mi Gobierno discrepa respetuosamente” del referido Informe, que más bien debió ser –repito– rechazado y hasta condenado. Ahora quedo convencido de que no están valorando la exacta dimensión del problema en que la presidenta Dina Boluarte y algunos ministros de Estado, están siendo acorralados. Les están haciendo creer que con los archivamientos en el derecho nacional o interno quedan liberados de cualquier responsabilidad que pudiera sobrevenir en el futuro. Una “discrepancia respetuosa” es lo mismo que decir que el Perú no está de acuerdo con la posición de la CIDH, y esa es una grave y errada percepción de las circunstancias porque no estamos frente a una controversia para ver quién tiene la razón, la Comisión o el Estado Peruano. De ninguna manera. El enfoque está completamente desenfocado, y excúsenme amables lectores de la redundancia.

Mientras no haya una firme posición política sobre los sucesos que son objeto de imputación a las autoridades nacionales, seguirá ganando terreno internacional la idea de que realmente estamos ante un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y nuestros gobernantes terminarán siendo comparados con los de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Un completo despropósito que por supuesto lo creo injusto desde todo punto de vista pues incluye a la propia imagen del país y de sus intereses. El tamaño de la gravedad pareciera que no es comprendido y peor aún por las circunstancias posteriores que irán surgiendo sobre los que han sido denunciados de responsabilidad política y penal por la muerte de más de 60 peruanos.

Si el marco de la Asamblea General de la OEA hubiera sido aprovechado más bien para decirle al sistema del panamericanismo del siglo XXI y desde allí al mundo entero, de que el Perú cuenta con una gobernante legítima por sucesión constitucional y que, en consecuencia, no es ninguna usurpadora como se ha venido sosteniendo con una estrategia muy bien montada en diversos espacios de la región y del globo, entonces, el Perú contaría con la posibilidad de que el control de daños de una imagen nacional que penosamente se cae a pedazos, hubiera sido neutralizada y los gobernantes que algún día dejarán de serlos evitarían o mitigarían persecuciones judiciales dentro y fuera del país. Así las cosas no podrán siquiera movilizarse con la tranquilidad que todo ser humano se merece por donde vaya bajo el principio de libre movilidad internacional porque podría perseguirlos la sombra de detenciones con objetivos de judicializarlos en ámbitos supranacionales mucho más complejos como la Corte Penal Internacional, y los penalistas saben que no exagero.

Ni se crea que así las cosas el Perú podrá ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE que tiene entre sus máximas que la gobernabilidad de los Estados esté determinada por el cumplimiento y el respeto de las normas jurídicas nacionales e internacionales con apego al respeto de los derechos humanos.

La presidenta Boluarte debería ser empoderada internacionalmente y mientras sopese más la idea de que es una usurpadora del poder político, entonces, la sombra de la deslegitimación seguirá ganando espacios contra ella y su gobierno. La estrategia para neutralizar la malísima imagen del Perú en el mundo sigue sin comenzar –tampoco ha sido convocada la Comisión Consultiva de Relaciones Exteriores que tanto vengo diciendo que se haga y que por actitud recalcitrante o hasta por mezquindad porque lo ha sugerido un excanciller como es mi caso, no se lleva adelante– porque no se ha planificado el conjunto de actos lógicos y por cuerdas paralelas que debe llevarse adelante ante gobiernos, organizaciones y organismos internacionales, foros políticos, y otros espacios claves en donde perfectamente podría transmitirse la verdad de los hechos que sucedieron en el Perú. Como siempre falta vocación de Estado en el manejo de las cuestiones internacionales del Perú como tanto llamó la atención el excanciller, Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha tenido el Perú en su historia bicentenaria.

La política exterior jamás se debe mirar diplomáticamente. Ese es un error sustantivo de fondo que muchos cancilleres han cometido en nuestro país. Al contrario, debe ser vista políticamente y valerse de la diplomacia, eso sí, como su mejor y más idóneo instrumento para los objetivos de la referida política exterior que dicta el presidente de la República conforme su prerrogativa consagrada en la Constitución Política y que la Cancillería ejecuta por su condición de entidad sui generis como laboratorio de nuestro frente externo. No tener política exterior ni proyectar nuestra política internacional es entera responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que es el que debe poner todos los elementos en bandeja a la jefa de Estado para dicha proyección internacional, pero -insisto- políticamente y no diplomáticamente pues la acción diplomática debe seguir al temperamento político del gobernante y no al revés.