Por Carlos Meneses

La confianza en la clase política nacional está en crisis. Pero la solución a este problema no compete únicamente a los políticos sino a la ciudadanía en general que tiene un rol fundamental en futuros procesos electorales.

En los últimos años, la labor del Ejecutivo y Legislativo son centro de reiterados  cuestionamientos por parte de la ciudadanía, manifestando su posición y dura crítica al trabajo que desempeñan las personalidades políticas elegidas en las urnas.

La crisis política y los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Congreso de la República se ha intensificado y la inestabilidad se acentuó, luego del intento de autogolpe de Pedro Castillo y su posterior destitución.

Es por ello, que el clamor de la población es la renovación de la clase política y se ve reflejado en los resultados de las últimas encuestas. Ayer, IEP revela que el 91% de los peruanos desaprueba la gestión del Parlamento solo un 6 por ciento aprueba su desempeño. Por otro lado, el 80% de la población desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte e incluso un 51% cree que es peor que la del exmandatario Pedro Castillo.

Hartos de políticos ineficaces e interesados, los peruanos, especialmente de quienes viven en  las regiones pobres, rurales e indígenas, históricamente excluidos y marginados, demandan borrón y cuenta nueva, y no parecen dispuestos a dar marcha atrás.

El estancamiento político hace temer un conflicto irresoluble que podría conducir a una mayor violencia y a más muertes. Entonces, es necesario que las criticadas y desacreditadas autoridades reconozcan que las protestas no se han producido en el vacío, por el contrario son consecuencia de décadas de desgobierno y corrupción.

Es por ello, que el gobierno de turno, afronta una nueva amenaza: la anunciada tercera toma de Lima, convocatoria que debe ser atendida y no ignorada por las autoridades. No basta una declaratoria de emergencia para evitar que la violencia se desborde y más peruanos pierdan la vida.

El Estado nunca ha invertido lo suficiente en el sur, ni en escuelas, ni en hospitales ni en ninguna otra obra pública. Pese a que todos los gobiernos han hecho promesas, nunca se cumplieron y hay toda una agenda postergada con respecto al  sur. A ello se suma una corrupción generalizada a nivel de gobierno central, gobiernos regionales y alcaldías.