Por Cecilia Bákula – El Montonero

Contra todo pronóstico y ante la incredulidad de muchos y la desesperación de no pocos, esta semana hemos visto cómo la justicia va poniendo las cosas en su lugar. Y que quienes delinquieron o realizaron acciones indignas, ilegales e hicieron abuso de poder, atentaron contra la Nación, la confianza de los peruanos y ofendieron la dignidad de los cargos que ostentaban, reciben o empiezan a recibir sanción. No se trata de un ensañamiento; no es un juicio político el que se realiza; es la justa acción del Estado a través de las instancias y los mecanismos existentes.

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades que la propia Constitución le otorga y luego de un concienzudo estudio –en concordancia con lo que estipula su propia Ley Orgánica–, determinó que ese escandalete montado en el Gobierno de Martín Vizcarra, cuando el presidente del Consejo de Ministros era Salvador del Solar, mediante el que se quiso entender que la “denegatoria fáctica de la cuestión de confianza” era causal suficiente para cerrar el Congreso y que esa acción estaba amparada, en la Constitución. Ello ha sido del todo desbaratado por el Tribunal Constitucional quien ha sido enfático en señalar que es solo y únicamente el Congreso quien tiene competencia para determinar si se produjo o no el rechazo o la negación de confianza.

Esa sentencia es aplicable también a la acción inconstitucional que pretendió poner en práctica Aníbal Torres, ex presidente del Consejo de ministro del golpista Pedro Castillo, curioso personaje que llevaba a su “jefe” a tomar las decisiones más equivocadas y erráticas posibles, incluyendo el orientarlo o, por lo menos no persuadirlo en contra del golpe de Estado de diciembre último, quedando clarísimamente establecido que la conducción política no es una cuestión de pataletas ni caprichos y que las normas constitucionales están dadas para ser cumplidas y que quienes las violan, deben ser castigados, pues nuestro orden político democrático, no es un adorno para algunos, sino una obligación para todos.

Como si esa decisión no fuera suficiente para hacernos saber que poner las cosas, digamos, a esa gente, en su lugar es posible, se recibió con madura satisfacción la decisión del Congreso de la República de destituir e inhabilitar a la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y la votación no dejó lugar a dudas pues fue de la siguiente manera: 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones. Si bien es una lástima para la institución de la Fiscalía esta situación, es importantísimo el precedente para que ella y todos los que integran este colegiado sepan que la función de investigar que les asigna la ley, es una obligación y que no hay autoridades con corona pues la acusación que pesa sobre ella es precisamente el haber incumplido sus obligaciones funcionales.

Y, para cerrar esta secuencia de acciones de la justicia, que se venían esperando, se supo que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó que se aplicara 18 meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. Mujer poderosa durante el fatal y desastroso gobierno de Castillo, que asumió diversas carteras y que al final fue la presidenta del Consejo de Ministros. A ella se le imputa, entre otros temas, su participación en el frustrado intento de golpe de Estado que Castillo pretendió dar el 7 de diciembre del 2022 y por ello a Chávez se le acusa del delito de rebelión y conspiración pues ella tuvo conocimiento y fue parte de ese proyecto y acción a fin de crear lo que denominaron un “gobierno de excepción”, mandando cerrar el Congreso y tomando el control de las instituciones tutelares del Estado. Adicionalmente, se le cambió la orden de comparecencia por la de prisión preventiva porque se comprobó su voluntad de ocultar información, obstaculizar el proceso judicial y su carencia de arraigo.

Nos falta aún, en este momento, conocer la sanción que deberán recibir quienes desde la cabeza y los actores del Jurado Nacional de Elecciones, inhabilitaron ilegal y fraudulentamente al Partido Aprista de la posibilidad de participar en la contienda electoral del 2021. Sabemos que al Partido del Pueblo, muchos le tienen miedo pero, llegar a delinquir a esos niveles, ya significa que hablamos con palabras mayores; quiere decir que nos enfrentamos a intereses realmente oscuros y muy comprometidos que, tarde o tempranos tendrán que ser conocidos, revelados y, por supuesto, sancionados.

El APRA ya logró nuevamente su inscripción; pero el daño, el costo, las consecuencias para el país y lo que significa todo ello para la quiebra de credibilidad en una institución que debe custodiar el cumplimiento de la voluntad popular en el momento de una elección de autoridades, es muy grave.