La defensa de Hinostroza fundamenta su pedido en que, cuando se interceptaron las líneas telefónicas, las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, exintegrantes del Equipo Especial Cuellos Blancos, supuestamente conocían de la identidad del exjuez supremo y, por lo tanto, afirma que sabían que ni ellas ni la Corte Superior de Callao tenían competencia para investigarlo.

Como se sabe, los altos funcionarios (presidente, ministros, congresistas, jueces supremos, fiscales supremos, entre otros) únicamente pueden ser investigados a nivel de Fiscalía Suprema y Corte Suprema.

En tanto, el fiscal supremo provisional Isodoro Prado, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, hizo mención de que la Corte Suprema, tanto a nivel de Juzgado de Investigación Preparatoria como Sala Penal, han rechazado recursos similares de Hinostroza.

Sobre la supuesta falta de competencia de las exfiscales, el representante del Ministerio Público alegó que, de acuerdo a las resoluciones que autorizaron el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, para esa época no se había identificado a César Hinostroza, sino que se usaban términos como “Hermanito”, “Doctor”, entre otros.

Al finalizar la audiencia, el exjuez supremo César Hinostroza hizo uso de la palabra y “lamentó” que en Perú no existan “autoridades que realmente hagan justicia”. Ello luego de haber fallado en múltiples ocasiones en invalidar las grabaciones que lo comprometen gravemente.

“Lamento profundamente que en mi país no tengamos autoridades que realmente hagan justicia. (…) ¿Esta interceptación telefónica fue ordenada por un juez competente constitucionalmente, sí o no? Usted va a ver que hay ausencia total de una resolución de un juez supremo como lo señala la Ley 27399 que dice que solo se puede limitar el derecho fundamental de un juez supremo a pedido del fiscal de la Nación y por un juez de la Sala Penal de la Corte Suprema”, dijo Hinostroza.