Sala Suprema resolverá si anula órdenes de captura contra el exministro Silva
La suerte del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, quedó en poder de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que deberá determinar si anula o no las órdenes de captura a nivel nacional e internacional que se dictó en su contra para que cumpla 36 meses de prisión preventiva a raíz del caso » Provías Descentralizado – Puente Tarata».
El tribunal supremo declaró «bien concedido» el recurso de apelación que presentó Silva Villegas, a través de su defensa legal, para revocar la resolución que emitió el Juez Supremo Juan Carlos Checkley el último 22 de marzo, en la que declaró infundada la tutela de derechos que interpuso para cuestionar su procesamiento en los fueros parlamentario, fiscal y judicial por este caso.
La sala presidida por el Juez Supremo César San Martín determinó que el recurso de apelación presentado por el prófugo exministro del gobierno de Pedro Castillo cumple los presupuestos objetivos, subjetivos y formales establecidos en los artículos 404 y 405 del Código Procesal Penal para ser admitido.
Ante ello el colegiado supremo ordenó que se señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de apelación con la participación de las partes involucradas a fin de resolver este asunto.
La defensa legal de Juan Francisco Silva sostiene una vulneración al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva al no habérsele permitido ofrecer medios probatorios y ejercer el derecho a la defensa de su patrocinado por lo que solicita que se anule todo lo actuado desde la etapa de investigación preliminar a fin de que pueda ofrecer los medios probatorios que acrediten su inocencia.
Recientemente el Juez Supremo Juan Carlos Checkley comunicó que INTERPOL tiene vigente hasta el 10 de junio del año 2027 una notificación roja de búsqueda, ubicación y captura a nivel internacional contra el exministro Juan Francisco Silva, investigado por los presuntos delitos de colusión y organización criminal, quien aún se encuentra en calidad de «no habido» por la justicia a raíz del caso «Provías Descentralizado – Puente Tarata».