Por: Christian Capuñay Reátegui

 El Banco Central de Reserva (BCR) redujo la proyección de crecimiento económico del Perú correspondiente al presente año de 2.2% en la última revisión de junio a un 0.9% en la de setiembre. El titular de esta entidad, Julio Velarde, atribuyó el drástico recorte a los efectos de las sequías en el sur del país y de El Niño en el norte, así como a la caída experimentada en algunos sectores productivos, como la pesca.

En general, cuando se enumeran las causas del bajo crecimiento del producto bruto interno (PBI) peruano se citan a la pandemia del covid-19, a las protestas sociales que convulsionaron a varias regiones, a los fenómenos climáticos y a la coyuntura internacional, entre otros.

Poco se menciona como una de las razones que explican esa lánguida expansión a los acciones políticas que menoscaban la institucionalidad. El foco de la atención debería centrarse también en esa arista del problema para intentar frenar el asedio sobre instituciones claves de nuestro ordenamiento democrático y, de paso, lograr que los sectores protagonistas de tal ataque asuman su responsabilidad.

Hay evidencia de sobra respecto al estrecho vínculo entre institucionalidad y expansión económica. En general, se considera que el fortalecimiento de las instituciones democráticas es clave para establecer una conexión directa entre democracia y un ciclo positivo de crecimiento (Alonso García, 2011).

En la mayoría de los casos, los países que gozan de instituciones sólidas, reglas claras y son predecibles tienen mejores resultados y son más estables desde el punto de vista político y económico. En la vereda opuesta, aquellas naciones con una frágil institucionalidad, pueden crecer a cotas bajas, o muestran cifras positivas, pero son incapaces de traducir dicho crecimiento en mejoras sustanciales en los ámbitos político, económico y social, como el Perú.

Siendo ese el consenso general, deberíamos subrayar que aunque no hubiera fenómeno El Niño, crisis internacional, sequías, protestas sociales, la economía peruana muy posiblemente continuaría mostrando cifras mediocres en tanto cierto sector político no cese en el empeño de menoscabar nuestra frágil institucionalidad. Cómo convencer a grandes capitales internacionales para que trasladen sus millones al Perú, un país donde, por ejemplo, existen sectores políticos que quieren retirar del cargo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o buscar la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Corresponde recalcar que acciones de esta naturaleza, entre muchas otras, no abonan las condiciones para la dinamización del crecimiento, por lo que con justicia deberían considerarse como causas directas de la incapacidad para levantar vuelo a la velocidad requerida por el país.