Gobierno aprueba requisitorias por violencia contra mujeres

El gobierno de Dina Boluarte aprobó la modificatoria del Nuevo Código Procesal Penal a fin de que las requisitorias contra agresores de mujeres e integrantes del grupo familiar —niños, niñas, adolescentes y adultos mayores— no tengan un plazo de prescripción. Esto en un momento en el que los casos de feminicidios y violencia sexual contra niñas y adolescentes va en alza en cuanto a la crueldad y ensañamiento de su ejecución.

Así lo anunció el primer ministro Alberto Otárola, quien señaló que el Ejecutivo toma esta decisión a fin de no favorecer el clima de impunidad que rodea los casos de violencia contra las mujeres.

“Hemos acordado la publicación de un nuevo decreto legislativo, esta vez uno que modifica el Código Procesal Penal. Las requisitorias para los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar no van a caducar, antes prescribían a los seis meses. Al igual que los casos de narcotráfico y otros delitos gravísimos, estas requisitorias no caducarán, esto para no generar una sensacion de impunidad en los casos de agresión”, dijo el presidente del Consejo de Ministros ante la prensa.

Solo hasta fines de agosto de este 2023, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) da cuenta de que ocurrieron 111 feminicidios en todo el Perú, incluso estos crímenes se han perpetrado contra siete menores de edad. Lima, Arequipa y Cusco son las regiones en las que más se contabilizan estos delitos.

Además, en el mismo periodo, se registraron un total de 179 casos de tentativas de feminicidio, es decir, los agresores intentaron matarlas, pero ellas sobrevivieron ya sea porque un tercero intervino o porque ellas lograron escapar.

La propuesta ya había sido aprobada por el Consejo de Ministros desde mayo de este año, pero el Ejecutivo no la podía promulgar. Sin embargo, esto cambió desde que el Congreso le entregó al gobierno de Boluarte facultades legislativas, durante 90 días, en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos.

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