El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció que quienes participen y organicen bloqueos de carreteras podrán ser castigados con hasta 15 años de cárcel, en medio de la  toma de Barrio Chino y la convocatoria de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre el 7 y el 9 de diciembre.

“En estos días se va a cumplir un año del golpe de Estado dado por el expresidente Pedro Castillo. Existe un intento de tomar y bloquear nuevamente la zona del Barrio Chino (Ica). Se anuncian algunas protestas, que son constitucionales, siempre que no se afecten los bienes públicos y privados”, manifestó.

“Debo comunicar que se ha publicado el Decreto Legislativo (D. Leg)1589, que adopta una serie de medidas, acordadas y discutidas en el Consejo de Ministros. Estamos modificando el Código Penal para garantizar la seguridad pública. Estas penas por bloqueo se han agravado hasta con 15 años de cárcel. Las penas van a ser severas y también efectivas”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, mencionó que si se violentan recursos, infraestructuras y sistemas que son “esenciales para desarrollar y mantener las capacidades nacionales vinculadas a servicios públicos”, la pena será no menor de ocho años ni mayor de 10 y con 180 a 365 días multa.

Otra de las modificaciones en el Código Penal menciona que si se atenta contra la integridad física de las personas y se causa grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de la libertad será no menor de seis ni mayor de ocho años, con 180 a 365 días-multa.

Cabe mencionar que quienes colaboren con el delito de disturbios, de acuerdo con el D. Leg 1589, también recibirán una sanción. De acuerdo al documento, “serán reprimidos con pena privativa de la libertad hasta con seis años el que de manera voluntaria realiza los siguientes actos: proveer cualquier mueble, objeto o instrumento que facilite las actividades del agente del delito de disturbio. Aportar recursos financieros o económicos para la adquisición de mueble, objeto o instrumento que facilite las actividades del agente del delito de disturbio”.

“Los peruanos requieren trabajar y transportarse y que se asegure su derecho al libre tránsito. […] Es hora de que respondan por los actos aquellos que pretender cortar, suspender o afectar los derechos de todos los peruanos”, declaró el titular de la PCM.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio Público “para que, a partir de la fecha, a través de este nuevo marco penal, puedan aplicar las penas y abrir las carpetas fiscales correspondientes”.