La investigación por presunto direccionamiento en la adquisición de 25 camionetas de parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ha dado un nuevo paso, pues la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa (CRAA) derivó el caso a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada. Ahora está en manos de dichas entidades el determinar si se incurrió o no en delito. 

Como se recuerda, el pasado 7 de noviembre se hizo público que el consorcio Virgencita de Chapi contaba con 25 vehículos equipados y con logos de la PNP y el GRA, pese a que no había firmado aún el contrato. Situación sospechosa que despertó suspicacias ante el Consejo Regional de Arequipa (CRA). Esta entidad, a través de su presidente, Miguel ÁLinares Riveros, remitió el oficio N°1739-2023-GRA/CR y solicitó una revisión al proceso de buena pro. 

«Una de los motivos más grandes de todo servidor público es la transparencia, por ello la comisión hizo eco del caso (de adquisición de camionetas) y aprobó por unanimidad se va a oficiar a las autoridades que tienen que ver con el caso para que nos pueda informar. (…) Como CRAA deploramos públicamente estos sucesos que realmente empañan la gestión pública», declaró el presidente del CRA, Miguel Ángel Linares Riveros, quien integra además la Comisión Anticorrupción. 

En su primer pronunciamiento oficial, la CRAA anunció que remitirá la denuncia de presuntas irregularidades en el proceso con el Consorcio Virgencita de Chapi a la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa –mediante el oficio N° 145-2023-CRAA/P– y a la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Arequipa –mediante el oficio N° 146-2023CRAA/P–.

A pesar de la investigación en curso, desde el GRA minimizan el caso y descartaron tomar acciones contra el consorcio aunque este usó logos distintivos del Estado en vehículos particulares. Acción que se constató públicamente.

La CRAA está conformada por representantes de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el Consejo Regional de Arequipa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Junta de Fiscales del Ministerio Público, la asociación de Municipalidades de Arequipa, la Prefectura Regional y el propio Gobierno Regional de Arequipa. Este comité observa pautas de integridad, pero no reemplaza áreas de competencia del Ministerio Público ni a la PNP.