La Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato pidió al Poder Judicial que el gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima y otros paguen, en forma solidaria, la suma de 56 millones 639 mil 414 .40 soles como reparación civil a favor de Estado peruano como parte de la investigación preparatoria que se les sigue por el Caso Obrainsa.

La defensa legal de nuestro país estableció el perjuicio ocasionado al Estado peruano de la siguiente manera: 13 millones 705 mil 093.46 por daño extrapatrimonial; 6 millones 852 mil 546.37 soles por perjuicio patrimonial respecto al delito de colusión agravada;  27 millones 755 mil 211.21 soles por el delito de asociacion Ilícita y 8 millones 326 mil 563.36 soles por el delito de cohecho pasivo propio.

La Procuraduría presentó está propuesta provisional de reparación civil dentro de la solicitud que hizo para constituirse como «actor civil» o «parte agraviada» en la investigación preparatoria, la cual fue aceptada el último 12 de enero pero el juez Jorge Chávez Tamariz.

El magistrado adoptó está medida al determinar que la solicitud de la defensa legal del Estado cumplió los presupuestos que establece el Código Procesal Penal para ser admitida.

La decisión del magistrado habilita a la Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato para que pueda solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil que se le pueda imponer a los investigados de ser hallados culpables de los cargos que se les atribuyen.

La defensa legal de nuestro país dejó constancia de su reserva para variar o incrementar el monto postulado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial que se haya generado al Estado peruano en función de mayores elementos de convicción.

La Fiscalía investiga al entonces presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima por su intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, Tramo Condorcocha-Vilcashuamán.

Según la tesis fiscal, Oscorima habría concertado entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello, gerente general de la empresa Altesa Contratistas Generales con Manuel Tejeda, funcionario de Obrainsa, para favorecer a esta última empresa a cambio de un presunto beneficio económico.

Para el Ministerio Público, Wilfredo Oscorima habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al Estado.