Por: Carlos Meneses

Deben precisarse los nombres de los sinvergüenzas y acelerar los trámites para someter a la justicia a los indeseables que desde el gobierno de Vizcarra han traficado con los presupuestos de Transportes y de Vivienda para entregar dinero que los desvergonzados tendrán que devolver.

El trabajo concertado del Ministerio Público y de un grupo no poco numeroso de agentes policiales que han practicado allanamientos domiciliarios y de oficinas públicas y privadas desde los tiempos en que fue sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra; así como la detención de Fray Vásquez, han permitido hacer de conocimiento público que en los ministerios de Transportes y de Vivienda, en los que se hacen las más altas inversiones públicas, se habían instalado grupos delincuenciales que entregaron fondos públicos a quienes eran demandados para contribuir con intereses particulares.

La justicia se encargará de esclarecer lo que ha sido encontrado y que además revela que a lo largo de años ha habido enriquecimiento ilícito de algunos servidores estatales que llevaron a los domicilios y oficinas de funcionarios de alto nivel, como presidentes de la República, dinero en efectivo, desconectaron las cámaras de vigilancia para que no quedara evidencia de los desmanes y que han logrado mantenerse a lo largo de años.

La indignación colectiva es evidente y también el rechazo a quienes participaron de tales hechos contra la hacienda pública y el dinero de todos los peruanos.

Es intolerable que esto haya ocurrido y peor aún que, de no ser por la actitud severa adoptada por fiscales y policías, se haya descubierto lo que es una vergüenza para todos.