Por Jorge Turpo Rivas. Foto: Jorge Esquivel Z.

El juez superior, César de la Cuba Chirinos, hace un balance de su gestión y sostiene que la falta de presupuesto continúa siendo el principal problema en la administración de justicia. Revela también que la provisionalidad de jueces en Arequipa llegó al 40%.

PROVISIONALIDAD LLEGA AL 40%

La administración de justicia siempre es parte de la agenda pública en el país y en Arequipa. Resulta importante conocer la labor jurisdiccional de los jueces.

En la siguiente entrevista, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, hace un balance de su gestión y analiza las decisiones judiciales y el trabajo que se realiza en la región en materia judicial.

¿Qué le respondería a un ciudadano litigante que se acerca y le dice: Doctor mi proceso no avanza. Tengo meses, años esperando justicia y no llega?

–En principio le diría que somos conscientes de las deficiencias que tenemos como sistema de justicia. Pero también le diría que la Corte Superior está empeñada, con su personal y sus magistrados, en tener toda suerte de ideas innovadoras y trabajo sacrificado destinado a mejorar la celeridad para que en Arequipa el ciudadano sienta que la administración de justicia camina mucho más rápido, pero que por supuesto esto va de la mano con el tema presupuestal y tenemos muchas carencias.

Se puede entender que en casos laborales, por ejemplo, los procesos duren años, pero cuando se trata de un caso de agresión sexual a un menor o una mujer ¿Por qué demoran tanto tiempo, tenemos sentencias contra violadores después de cinco o seis años del crimen?

–Aquí lo que tenemos que ver es la naturaleza y complejidad de los casos. Tenemos diversidad de temas que conoce la Corte. En casos de Familia puede ser más rápido porque no es tan complejo el tema, pero sí hay una carga mayor. La demora que existe en el ámbito penal se debe a la carga procesal, a la complejidad de los procesos penales y la naturaleza de los mismos.

¿La carga procesal continúa siendo el principal problema?

–Nosotros tenemos actualmente una carga de más de 374 mil expedientes reportados el 2023, de los cuales unos 116 son en trámite, es decir todo aquello que hemos podido iniciar, sentenciar y resolver y alrededor de 189 mil son en ejecución. Si eso lo dividimos entre los 160 órganos jurisdiccionales nos da una carga procesal bastante alta. Tratamos de que esta situación se vea con la creación de nuevos juzgados, pero también somos conscientes de que el Ministerio de Economía no asigna el presupuesto suficiente al Poder Judicial.

La criminalidad organizada avanza en Arequipa. Tuvimos 12 casos de sicariato el 2023 y la labor de la policía, fiscalía y poder judicial siempre está en cuestión. ¿Qué podemos hacer para dar señales claras de combatir la criminalidad organizada?

–En principio una política pública clara de parte del Ejecutivo de qué se hace con una lucha frontal por la seguridad ciudadana. Y también diferenciar lo que corresponde a cada una de estas instituciones. A la policía le corresponde velar por el orden público, coordinar con las municipalidades labores de seguridad ciudadana y la investigación del delito. Al Ministerio Púbico le compete la investigación y al Poder Judicial el juzgamiento. Yo quiero zanjar que cuando se nos requiere el inicio de un proceso penal o el juzgamiento, el Poder Judicial está respondiendo.

Hemos tenido titulares en la prensa como este: Juez deja libre a delincuente. ¿Qué hacemos con esa situación?

–Nosotros siempre hemos salido a explicar ese tipo de casuística, yo personalmente he salido a explicar. Acá debemos entender que el rol de un juez es juzgar y que dentro de un proceso con garantías el ciudadano es encontrado o no culpable. El escenario puede ser en ambos aspectos, puede resultar inocente o culpable. Eso tratamos de explicarlo técnicamente.

¿En el 2023 se sancionó o destituyó a algún juez por una presunta inconducta funcional derivada de la liberación de un presunto delincuente?

–Sanciones derivadas a un juez por no haber sancionado a una persona, no se ha producido en Arequipa el año pasado. Yo trato de ser muy claro con la población de que todo se resuelve dentro los parámetros del proceso, puede ser que el juez tenga una valoración probatoria equivocada y en lugar de sentenciar lo absuelve, para eso están los mecanismos procesales de apelación y será la Sala Superior la que resuelva y todavía queda la instancia de la casación en una Sala Suprema.

¿Cuánto daño le hace a la imagen de los jueces arequipeños que la Sala Suprema, como en el caso de Omar Candia lo absuelvan por criterio jurisdiccional, pero quede la sensación en la ciudadanía de que les enmendaron la plana a los jueces de Arequipa?

–Es un escenario que puede darse en lo mediático, pero no escapa de lo técnico. En un estado de derecho esa es la forma en la cual se determina la responsabilidad penal de una persona. Aquí, en Arequipa, los jueces determinaron que había culpabilidad del exalcalde provincial y la Corte Suprema ha establecido, con un rigor argumentativo que yo he revisado, que no puede responsabilizarse a la exautoridad, por lo tanto, corresponde la absolución. Si en la población hay ese razonamiento de quién se equivocó, yo más bien diría que esas son las garantías de un proceso legal y eficaz. Más bien si todo fuera condena, nos debería hacer pensar que algo puede estar fallando en el sistema judicial.

Queda la idea de que se abre una ventana para la impunidad en casos de corrupción.

–Eso se descarta en el sentido de que ha sido el criterio jurídico, como tú también lo apuntaste, y el criterio técnico factico que ha originado ese pronunciamiento judicial. A eso nos ceñimos los jueces, los jueces hablamos por nuestras decisiones judiciales.

La policía reclama la modificación del Código Procesal Penal para que le devuelvan competencias en la investigación en materia penal, incluso ya se dio una norma que ha generado cuestionamientos ¿Cuál es su posición?

–Creo que se debe llevar a un análisis más de cooperación y coordinación entre los organismos del Estado. La Constitución establece diversos roles, la Policía tiene una responsabilidad técnica en la investigación del delito y la conducción y dirección jurídica parte del Ministerio Público. La norma que tú mencionas efectivamente ha sido objeto de muchos cuestionamientos, muchas opiniones. Particularmente considero que tiene que ser aplicada. Por un lado, se indica: el fiscal no sabe investigar, pero ellos están formados y orientados para investigar. Que las diligencias urgentes y preliminares deben estar a cargo de la Policía, eso siempre ha sido así. ¿Qué tiene que pasar aquí? Según mi concepto, una mayor coordinación de ambas instituciones.

Se cuestiona de que sigan las lecturas de sentencia virtuales porque ha dado pie a casos como los del exalcalde Manuel Vera que está prófugo.

–Yo he zanjado ese tema indicando que en el marco normativo se pueden llevar a cabo audiencias virtuales y presenciales, eso está a disposición del propio magistrado. El tema va que cuando se leen las sentencias condenatorias la parte no está presente y ahí viene la crítica. Aquí tenemos que ver cuán eficaz ha sido el ingreso de las tecnologías.

¿Entonces, es criterio de cada juez si hace la audiencia virtual o presencial?

–El juez determina si es virtual o presencial, pero así sea presencial la cuestión es: qué garantía hay de que la persona esté presente en la lectura de sentencia.

Pero al menos el juez salva su responsabilidad si convoca a audiencia presencial.

–Yo entiendo que sí, pero el tema de fondo es que los procedimientos sean mucho más claros al momento de que la declaración judicial sea expuesta y lo que viene después. A raíz del caso del exalcalde, Manuel Vera, pudimos corregir esos procedimientos y aquí interiormente hicimos un mea culpa de lo que había acontecido y corregimos el tema para que la orden de captura pase inmediatamente a la policía para aprehender a la persona.

En materia presupuestal ¿Este 2024 siguen teniendo carencias? ¿Cuánto recurso les falta para cubrir las necesidades reales de la Corte Superior?

–Lamentablemente sí, tenemos carencias a pesar de que hay un incrementó del presupuesto para el Poder Judicial en general, pero sólo ha sido para temas de flagrancia delictiva, violencia de la mujer y dimensionamiento del área laboral. Todo lo demás se ha visto reducido. En el área de personal, por ejemplo, tenemos una deficiencia directa de alrededor de 25 trabajadores. Hemos requerido que se solicite al MEF un crédito suplementario que nos permita aliviar un poco esta situación. Yo siempre seré reiterativo: al Poder Judicial nunca se le ha tratado como un poder del Estado, al Poder Judicial siempre se la ha restringido el dinero y tenemos que convivir con esa realidad.

Para entender su labor ¿Qué hace o a qué se dedica un presidente de la Corte Superior?

–Tenemos dos ámbitos de acción o competencia: representación de la Corte y gestión administrativa de la Corte. En la representación está el ámbito protocolar y coordinación con diversas autoridades. En la gestión administrativa, vemos todo el funcionamiento operativo y logístico de la Corte, somos una especie de gerente.

Se reclama el liderazgo de las autoridades de Arequipa, antes teníamos espacios donde confluían todas las autoridades y acordaban un trabajo coordinado en favor de la ciudad ¿Cómo recuperamos esos espacios?

–Es muy importante que las autoridades de Arequipa conversemos y tomemos algunas estrategias para afrontar la problemática. Yo he tomado un rol protagónico al momento de citar autoridades en lo que es la implementación del Código Procesal Penal, mantenemos ese liderazgo en materia de lucha de la violencia contra la mujer. Hemos convocado a las autoridades en otros temas. Todo espacio de diálogo lo tenemos que ir recuperando poco a poco. De parte de la Corte, estoy poniendo todo mi esfuerzo para que las autoridades dialoguemos un poco más y podamos acercarnos al ciudadano un poco más que es lo que se reclama.

Al terminar su gestión ¿Qué habrá cambiado en la Corte Superior?

–Yo aquí voy a dejar tres grandes hitos, primero un verdadero cambio en infraestructura, vamos a implementar dos módulos de justicia y uno tercero que será nuestro archivo central. Además, hemos dialogado con muchos alcaldes para que nos ayuden en la mejora de nuestra infraestructura en provincias. Número dos, una mayor tecnología en los procesos con medidas innovadoras de celeridad, sobre todo, en términos de oralidad. Y tres, un mayor orden en el ámbito administrativo y sostenibilidad en las políticas de gestión dentro de la Corte.

¿Es difícil recuperar la confianza de la ciudadanía, hay ese estigma de que hay jueces corruptos, esa mala imagen cuesta revertirla?

–Hay esa percepción que nos hace mucho daño porque se tiende a generalizar. Pero yo quiero apuntar que con resultados eso puede ir cambiando, por ejemplo, en el 2023 en Arequipa no hemos tenido ni un solo caso o hecho en el cual se involucra a un magistrado en un acto de corrupción, eso es algo muy bueno. Permanentemente voy dialogando con los colegas de lo que debe ser un ejercicio de la judicatura en términos de responsabilidad.

Se cuestiona también el accionar de los jueces supernumerarios (jueces suplentes).

–Yo he tratado de ser muy pulcro en designar jueces supernumerarios según su meritocracia, pero también con un persistente seguimiento y en cada oportunidad que he visto que hay un error en algún tipo de decisión, al ser mi competencia como presidente de Corte, se le ha retirado la confianza y cambiado.

¿A qué porcentaje llega la provisionalidad en Arequipa?

–Actualmente a un 40%.

Tremenda cifra ¿Por qué hemos llegado a esa situación?

–Porque la Junta Nacional de Justicia aún no ha sacado a concurso todas las plazas que tenemos vacantes, pero no es sólo por una situación de la junta, es porque el MEF no da los recursos para que las plazas titulares estén totalmente coberturadas con presupuesto y permita a la junta sacar a concurso público y se elimine la provisionalidad.

¿Arequipa sigue siendo “la cuna de la juridicidad”?

–Por supuesto, siempre sostendré eso. Yo me honro en presidir la mejor Corte de Justicia a nivel nacional. No solamente los índices de ejecución así lo indican, sino también los niveles de productividad. Arequipa siempre estará en la palestra en tratar de darle a la ciudadanía un sistema de justicia más célere, prístino y transparente.