Por Jorge Turpo Rivas

Convenio entre el Gobierno Regional y el Ministerio del Interior vence el próximo 8 de febrero. Patrullaje a pie redujo la incidencia de delitos menores, según la Policía. Pero la criminalidad organizada amplió su actuar con más casos de sicariato.

HOY ALCALDES SE REÚNEN HOY CON JEFE POLICIAL

La continuidad del patrullaje en las calles que cumplen 520 efectivos policiales no está garantizada porque el Gobierno Regional de Arequipa y la Policía Nacional están evaluando si renuevan o no el convenio que permite la compra del día de descanso de los agentes.

El convenio se vence el próximo 8 de febrero, después de dos meses de vigencia, lo que obliga a las autoridades a tomar una decisión a la brevedad posible.

El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), Coronel (r) PNP, José Briones, dijo que la primera opción es ampliar el convenio, pero que todo ingresó a una etapa de evaluación.

“Creo que la propia ciudadanía ha podido dar fe de que los delitos menores (robo de celulares y carteras) se han reducido con la mayor presencia policial en las calles que permitió el convenio, pero no podemos dejar de señalar que en investigación criminal todavía nos falta tener resultados en frenar la delincuencia organizada”, dijo Briones.

Una opción que se maneja, para la renovación del convenio, es que se ponga un tope de 200 suboficiales a los que se les compre el día de franco. Ellos se dividirían en dos grupos de 100 y patrullarían las calles en dos turnos. El resto de efectivos, como se anunció hace unos días, debe ser capacitado en investigación criminal y reforzar las labores de la Divincri.

“Se maneja esa posibilidad porque tenemos la exigencia de la ciudadanía de que haya más patrullaje en las calles. En Arequipa tenemos apenas 6 mil 500 efectivos para una población de un millón de habitantes, es insuficiente”, comentó Briones.

En relación al retraso al pago de los días de franco que demoró más de dos meses, dijo que el problema se generó en el Ministerio del Interior que no agilizó a tiempo los depósitos a las cuentas de los efectivos.

 La gestión del gobernador regional, Rohel Sánchez, destinó 10 millones de soles para financiar el convenio.

REUNIÓN

De otro lado, Briones dijo que no fue invitado a participar de la reunión que sostendrán hoy el alcalde provincial, los 29 alcaldes distritales y el jefe del comando policial, general, Colin Sim.

El objetivo de la cita es tratar el tema de la inseguridad ciudadana y qué medidas se plantean para frenar el avance de las bandas criminales.

Algunos alcaldes, como el de Paucarpata, Marco Antonio Anco, dijo que aprovechará ese espacio para expresar que él sí está de acuerdo con que Arequipa sea declarada en emergencia por el avance de la criminalidad.

No hay un consenso entre las autoridades para solicitar la declaratoria en emergencia. De hecho, el general Colin Sim, ya adelantó opinión al señalar que no está de acuerdo con esa propuesta porque la policía no ha sido desbordada en su capacidad de respuesta y además afectaría la economía y el turismo.

La reunión de hoy no será el espacio donde se decida declarar o no en emergencia Arequipa, sólo servirá para que los alcaldes expongan la problemática de su distrito en seguridad ciudadana y el general, Colin Sim, explicará las acciones y estrategia que pretende asumir su comando para detener la ola de crímenes en la ciudad.

Sólo en enero se han registrado tres casos de sicariato en los distritos de Miraflores, Socabaya y Bustamante y Rivero.

La policía, una y otra vez, ha repetido el diagnóstico de esta situación: que las bandas criminales “Los Gallegos” y “Los Orientales”, se están disputando el mercado delincuencial de la trata de personas, préstamos “gota a gota”, extorsiones y la venta de droga.

RESALTAR

Sin embargo, no se conoce una estrategia real de la policía para desbaratar a esas bandas criminales. No se ha detenido a ninguno de los cabecillas ni a los sicarios que actúan sin pudor y hasta filman sus crímenes para difundirlos en redes sociales.

La reunión de hoy debe marcar un punto de inicio, de parte de las autoridades, para establecer un trabajo conjunto que busque contener la criminalidad en la ciudad.