Por: Carlos Meneses

La negativa del Ministerio del Interior al pedido arequipeño de declarar en emergencia a Arequipa debe tener sustento suficiente ante la petición de los alcaldes y esa respuesta no ha sido dada.

Liderados por los alcaldes, los arequipeños han expresado desconcierto por la negativa del ministro del Interior y del comando institucional de la PNP de decretar el estado de emergencia en la ciudad capital de la Región para enfrentar la ola delincuencial que se registra en esta parte del país.

Primero fue el general Víctor Zanabria y después el titular del Interior quienes sostuvieron que esta situación debe ser confrontada con los recursos de la Policía, sin el requisito adicional de participación militar ni con limitaciones para reuniones y protestas pacíficas.

Sin embargo, paralelamente a esta decisión del gobierno central, se anuncian medidas restrictivas a un proyecto anterior de incrementar el número de efectivos policiales en las calles, permitiendo los excesos que se advierten entre grupos que actúan realizando acciones criminales como trata de personas, préstamos de elevados intereses, secuestros y extorsiones.

Las fuerzas del orden no reconocen que no estamos en condiciones de asegurar tranquilidad a más de un millón de personas que viven en Arequipa y que están preocupadas por las informaciones que conocen a diario y que provienen de las propias fuerzas llamadas a mantener el orden y la tranquilidad.

El alcalde provincial ya se ha pronunciado, en forma tajante, pidiendo más acciones de inteligencia y de recursos logísticos para la Policía, pero en este accionar quienes están tercos y sordos parecen ser las propias autoridades llamadas a dar confianza a la comunidad y a detener los excesos que día a día se advierten.