Por: Milton von Hesse – Director de Videnza Consultores

La semana pasada, el contralor general de la República, Nelson Shack, reveló que en el 2023 la corrupción total en el Estado peruano ascendió a los 24 268 millones de soles. Dicho monto, de acuerdo con la metodología utilizada por la Contraloría General de la República (CGR), es similar en orden de magnitud a lo que ellos mismos estimaron para el 2021( 24 262 millones de soles) y para el 2022 (24 418 millones de soles). Para tener una idea de la magnitud de dicho monto, equivale a más del doble de los recursos disponibles para la ejecución de proyectos de infraestructura programados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el presente año.

Esta cantidad impresionante de recursos que se pierden por corrupción en los tres niveles de gobierno se ha mantenido inamovible año a año y se da a pesar de la mayor cantidad de recursos presupuestales y humanos de los que ha dispuesto la CGR en el último trienio. En efecto, en el año 2021, el presupuesto de dicha entidad disponible para la partida locación de servicios (léase remuneraciones para su personal) fue de 17 millones de soles. Dos años después, en el 2023, dicha cifra más que se cuadruplicó y pasó a 85 millones de soles.  La mayor cantidad de personal ha estado justificada principalmente para financiar acciones de control concurrente que fueron potenciadas -justamente- con la finalidad de disminuir la corrupción.

Es claro que este enfoque de incrementar la cantidad de controladores de la ejecución del gasto ha sido inocuo al objetivo final de disminuir las prácticas corruptas y, más bien, al entorpecer las labores diarias de los funcionarios, habría vuelto más ineficiente al elefantiásico aparato público. Según datos de la misma CGR, a fines del 2023 había casi 2300 obras públicas paralizadas por un monto total de 27 mil millones de soles.

El Estado debe poner énfasis urgente en profesionalizar la gestión pública y establecer la carrera meritocrática si quiere realmente luchar contra la ineficiencia y la corrupción. Según las evaluaciones de las capacidades técnicas de los servidores públicos que ha realizado Servir en el pasado, apenas 1 de 3615 funcionarios evaluados que trabajan temas de inversión pública tiene las competencias suficientes para desenvolverse en esa área de manera óptima y 9 de 4793 en el área de abastecimiento. Si, por arte de magia, desaparecieran la corrupción y la ineficiencia en la ejecución de proyectos, las brechas de acceso a servicios públicos podrían cerrarse en menos de una década. Mientras sigamos viendo al sector público como una fuente de empleo y prebendas para amigos y allegados de los que temporalmente administran el gobierno en cualquiera de los tres niveles, seguiremos lamentando el mal uso de los recursos públicos.