Por Orlando Cáceres V.

Los agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y el personal del Ministerio Público acudieron a la Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) -ubicada en la calle Rivero 512- para recabar documentación. El objetivo de las diligencias era verificar si exfuncionarios de la comuna incurrieron en el delito de negociación incompatible.

Se presume que, los servidores estatales del período anterior habrían dado autorización a la empresa Santillana que presta servicio a La Joya para transitar. No obstante, a esta se le aperturó un proceso sancionador por un accidente ocurrido en febrero del 2020 donde hubo trece personas fallecidas. No obstante, el titular actual de Transporte Urbano y Circulación Vial de la MPA, Omar Flórez Salas, aseveró que el castigo no prosperó, permitiendo que la compañía continúe laborando al día de hoy; lo cual es materia de investigación para la Fiscalía.

Para las diligencias correspondientes, el fiscal adjunto provincial Jorge Astete Alarcón envió un oficio al alcalde provincial Víctor Hugo Rivera para comunicar que el inicio de las mismas se daría a las 9:30 horas de ayer en la dependencia municipal referida anteriormente. De acuerdo al documento, el objetivo de los fiscales fue recabar información sobre el incidente que protagonizó el vehículo y la autorización que se le emitió.

A su llegada, Astete Alarcón y el personal de las fuerzas del orden acudieron a la oficina de Omar Flórez. Según el fiscal, el funcionario les entregó toda la información que requerían sobre el caso por lo que no tuvieron necesidad de ir a la sede de la MPA, localizada en la calle El Filtro 501.

Las indagaciones finalizaron aproximadamente a las 13:40 horas; cuando Jorge Astete salió del lugar acompañado de un efectivo policial. Posteriormente, Flórez Salas comunicó que la situación estaría alejada de su gestión; recalcando que solo se llevaron documentación correspondiente a los años 2020 (donde se incluyen los actuados de la Policía Nacional y otros folios sobre el incidente mencionado líneas arriba) y 2022 (cuando la empresa Santillana obtuvo su autorización por tres años para operar, donde se incluyen las revisiones que se hicieron al terminal de dicha compañía de transporte).

NO HUBO FISCALIZACIÓN NI SANCIÓN

El año pasado, los inspectores de la MPA hicieron operativos a los terminales de las empresas del Sistema Integrado de Transporte (SIT). En varios, encontraron que las unidades no cumplían con la acreditación de varias unidades, deficiencias en los vehículos, etc. Sin embargo, el gerente admitió que Santillana no tuvo intervenciones. Pues, reveló que todavía no hay una disposición para intervenir dichos terminales.