Por Orlando Cáceres V.

Operativos en límites de la provincia de Arequipa seguirán para identificar a los responsables de los casos de asesinato por encargo.

SEIS CASOS DE SICARIATO EN FISCALÍA

La Policía Nacional del Perú (PNP) está a la espera de la culminación del estado de emergencia dispuesto por la presidenta de la República Dina Boluarte para empezar con otras estrategias que los oficiales tienen ya decididas.

De acuerdo con el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), coronel PNP Edward Vásquez Ácaro, tras la medida se continuará con la vigilancia en los límites de la capital provincial con otras localidades. Mediante operativos de control de identidad buscarán identificar a los delincuentes que perpetraron los casos de sicariato en los meses anteriores.

La autoridad policial declaró que el Ministerio Público tiene a su cargo seis investigaciones para ubicar a los responsables de los casos de asesinato por encargo que se dieron este año. La Fiscalía solo devolvió un expediente a la Divincri para continuar con las diligencias correspondientes, pero -para guardar la reserva del caso- Vásquez Ácaro prefirió no decir de que suceso se trata.

A esto se suman las declaraciones anteriores del jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Colin Sim Galván, quien aseguró que habían ubicado a tres supuestos delincuentes que habrían participado en estos hechos. En esa ocasión, mencionó que las unidades especializadas de las fuerzas del orden elaboraban las indagaciones correspondientes.

Ambas autoridades policiales aclararon que -probablemente- estos delincuentes hayan fugado de la Ciudad Blanca. Pues, remarcaron que los criminales de este tipo no permanecen por demasiado tiempo en la misma localidad; más aún después de los múltiples anuncios sobre la declaratoria de emergencia. 

Por ese motivo, los agentes de la PNP llevarán a cabo los operativos pertinentes en las fronteras que tiene la capital provincial, que son la carretera San José, 48, Chiguata-Santa Lucía y Pampa Cañahuas. Además, este control también buscará resguardar a los empresarios y funcionarios que asistan al APEC (4 al 16 de mayo) y la población que participe de la peregrinación al Santuario de la Virgen de Chapi.

Además, Vásquez Ácaro aclaró que reciben la colaboración continua de las unidades especializadas de Lima que llegaron para apoyar durante la declaratoria de emergencia. No obstante, el coronel acotó que antes de que se dicte la disposición, ellos ya ejecutaban estos operativos; aunque la medida permitió que estas acciones se dupliquen por la mayor cantidad de personal y los mecanismos legales del Decreto Supremo N° 043-2024-PCM.

Ante dichas declaraciones, los representantes de las juntas vecinales de la Comisaría PNP Simón Bolívar en José Luis Bustamante y Rivero destacaron que las fuerzas del orden cumplen con su deber -al menos- en el distrito; tomando en cuenta algunas zonas peligrosas que cubre la dependencia policial referida. No obstante, los vecinos indicaron que hubo oportunidades en las cuales, pese a que las fuerzas del orden realizaron las diligencias preliminares correspondientes, la Fiscalía rechazó los casos. De acuerdo con los residentes, esto ocurría por una presunta falta de pruebas.

No obstante, los habitantes del lugar recalcaron que -además del personal de la dependencia policial de su jurisdicción- reciben apoyo principalmente del Escuadrón Verde (Terna). Por lo general, estos acuden a los lugares clasificados como de riesgo vestidos de civiles y cuando observan algún delito reciben el apoyo del resto del departamento de las fuerzas del orden.

NO DEBERÍA EXTENDERSE

Pese a que los residentes bustamantinos indicaron que veinte días es poco tiempo para arreglar la situación de la seguridad en la Ciudad Blanca, el expresidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa (Avit), Jorge Valderrama Salinas, remarcó que esto afectará gravemente a su rubro.

De acuerdo con el exdirigente, los alcaldes distritales debieron llevar a cabo medidas complementarias de seguridad antes de solicitar la declaratoria. Además, manifestó que la presidenta Dina Boluarte Zegarra la habría aprobado a manera de ‘favor político’ para tener la simpatía de los ediles y que estos no sientan repudio como lo sintieron otras autoridades a nivel nacional.

Si la disposición se amplía, los turistas podrían tener una mala imagen de la Ciudad Blanca; ya que, al darse el decreto supremo algunos podrían clasificar a la capital provincial como un lugar inseguro.