Por: Christian Capuñay Reátegui

Pese al riesgo de no obtener este año una producción agrícola suficiente debido a la escasez de fertilizantes nitrogenados, el Estado ha tenido que anular hasta el momento dos intentos de adquirir tales productos en el mercado internacional al detectarse irregularidades en los procesos.

Es decir, una amenaza a la seguridad alimentaria de la nación no parece ser aliciente para que los sectores pertinentes culminen de forma eficaz procedimientos que no deberían ser demasiado complicados.

Y esta situación no es nueva ni está focalizada. Por el contrario, es transversal a todo el Estado. En diferentes épocas el Ministerio del Interior ha tenido graves problemas para concretar la adquisición de patrulleros para la Policía Nacional. Las licitaciones convocadas y los contratos firmados eran luego anulados debido a que las unidades no cumplían con los requerimientos técnicos o su precio era más alto que los ofrecidos por la competencia, entre otras irregularidades.

¿Por qué el Estado es tan ineficiente cuando se trata de comprar bienes? Una posible respuesta es la presencia de corrupción.

Aunque las investigaciones están en curso, en el caso de los fertilizantes se detectó que el comité encargado eligió a un proveedor cuya oferta era más onerosa que la de sus competidores y desechó la alternativa más barata porque no se presentó en castellano, un argumento indefendible. Debido a las irregularidades, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego pidió denunciar a los funcionarios responsables ante la Fiscalía.

En procesos similares una característica común es que los encargados de adjudicar los contratos recibían beneficios de las empresas interesadas en ser proveedores, lo cual obliga a anular las compras, perjudicando al sector que requiere determinado bien o servicio y de paso a la población.

Un estudio presentado a fines del 2021 por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) analizó 50,000 transacciones de distintas instituciones públicas y descubrió que los funcionarios, especialmente de gobiernos regionales y locales, no buscan generar ahorros al Estado en las compras de bienes. Por el contrario, pagan cerca de 2.8 veces más el valor normal del producto.

El análisis determinó, además, que estas adquisiciones sobrevaloradas se llevan a cabo al margen de los catálogos electrónicos, una modalidad de compras diseñada con la finalidad de hacer más eficientes los procesos y disminuir la posibilidad de negociaciones ilícitas entre los funcionarios y los proveedores.

Para esta investigación, la salida no es aprobar leyes (porque hecha la ley, hecha la trampa), ni fiscalizar con mayor intensidad. Por el contrario, una medida efectiva sería incluir más productos en los catálogos electrónicos a fin de que no haya otra alternativa que usar tal mecanismo más eficiente y transparente en los procesos de compras públicas.