Por: Miguel Gerardo Inga Arias

Hemos cumplido ya doscientos años de fundación republicana y seguimos sufriendo las consecuencias de la falta de un proyecto nacional que establezca las políticas de Estado, que nos permita superar las profundas brechas socioeconómicas existentes en nuestro país.

La herencia colonial nos ha dejado un país fragmentado, desarticulado, con mentalidad feudal e inmediatista y, por ello, a lo largo de nuestra historia se han producido constantes interrupciones del Estado de derecho en nuestro complejo proceso de construcción democrática.

La forja de la ciudadanía plena, que consiste en el ejercicio de nuestros derechos con responsabilidad (es decir, asumir nuestros deberes frente a los derechos de los demás) es una de las muchas deudas pendientes que tenemos que asumir. Esta ausencia de formación ciudadana explicaría por qué tenemos tantos políticos sin criterio ético, sin sensibilidad social, de magra o nula formación académica y sin compromiso con el país; así como algunos académicos y empresarios, valiosos por su honestidad, pero completamente alejados de la actividad política.

Los partidos han sido rebasados por alianzas y frentes electorales y, por tanto, no ejercen su responsabilidad social de ser escuelas de ciudadanía que afirmen líderes (con calificaciones éticas, académicas, científicas, humanísticas, culturales, empresariales) en función del bien común.

En la hora presente, pese a los problemas señalados y, además, que los presidentes del país (desde 1985 a la fecha) son procesados por casos de corrupción (lo cual incluye a algunos gobernadores regionales y alcaldes), nuestra población consciente persevera en la construcción de la democracia plena, como forma de gobierno que garantiza nuestros derechos fundamentales sustentados en el Estado de derecho y en el fortalecimiento de las instituciones, en la participación activa y constante de los ciudadanos en las diferentes esferas de la vida social y sin ningún tipo de discriminación; y en la legitimidad de los poderes del Estado.

Lamentablemente, muchos políticos no han asimilado que debe haber coherencia entre el discurso y su práctica social y privada, el no hacerlo debilita su credibilidad y la legitimidad (gobernanza) de nuestras instituciones; por consiguiente, es urgente que haya verdaderos partidos políticos comprometidos con el bien común; lo cual implica que deben demostrar organización democrática, liderazgos positivos y calificados, planes de gobierno planificados y con mirada holística que permita hacer viable las políticas de Estado, estableciendo metas y su factibilidad presupuestal; así como promover la inteligencia emocional, una de sus manifestaciones: aceptar las reglas de juego y el rechazo a cualquier tipo de intolerancia.

En consecuencia, proponemos:

• 1. Afirmar nuestro compromiso en la construcción de la democracia con ciudadanía plena, por lo cual debemos rechazar cualquier intento de golpe de Estado, venga de donde venga; así como de toda forma de autoritarismo, discriminación y violencia.
• 2. Retomar el camino de las políticas públicas establecidas en el Acuerdo Nacional (AN) y desarrolladas en la Visión del Perú al 2050, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por Unesco; por lo cual los planes de gobierno que postulan los partidos políticos deben estar enmarcados en las políticas de Estado.
• 3. El actual gobierno, establecido dentro del marco constitucional, debe ser de unidad nacional, que le permita convocar un equipo ministerial representativo, con trayectorias sin mayores cuestionamientos y con demostrada capacidad para gestionar con honestidad las políticas públicas que requerimos.
• 4. El Congreso debe entender que nuestro régimen no es parlamentarista; se sustenta en el equilibrio de poderes y no en la concentración del poder. Ejemplo de ese exceso es pretender modificar la Carta Magna a través de una ley (31355), pues ello atenta contra la organicidad y coherencia del texto constitucional y obvia la diferencia elemental entre poder constituido y poder constituyente.
• 5. El gobierno debe presentar ante el Parlamento un proyecto de ley para el adelanto de elecciones generales (Ejecutivo y Legislativo), acompañado de un paquete de reformas políticas y electorales que permitan mejorar la representación parlamentaria, superando así intereses subalternos y cortoplacistas. El actual Congreso tiene la oportunidad histórica de aprobar dichos proyectos con responsabilidad y sin subterfugios.
• 6. Establecer, en forma urgente, la Agenda de Unidad Nacional, que debe priorizar la reforma política, la educación de calidad, el acceso a la salud pública, la alimentación y empleabilidad, la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción.