Por: Christian Capuñay Reátegui

Se considera que el adelanto de las elecciones funcionaría como una salida a la actual crisis, en la medida en que aplacaría los ánimos de los sectores que protestan en varias ciudades.

Aunque la principal demanda es la renuncia de la actual jefa del Estado, ir a comicios este año contribuiría a darle un respiro al conflicto, dado que el Ejecutivo y el Congreso son vistos como los culpables de los males del país.

Sin embargo, resulta incuestionable que adelantar la fecha de las elecciones no solucionará los grandes problemas estructurales que nos aquejan.

Nada hace pensar que la inestabilidad dominante desde hace años (expresada en los seis presidentes que contamos en los últimos seis años) vaya a dar paso a un equilibrio de poderes, diálogo y racionalidad en la dinámica política.

Podemos vaticinar ese escenario poco favorable siguiendo el decurso de los acontecimientos recientes y especialmente si tomamos en cuenta que los últimos Ejecutivos han tenido serios problemas para impulsar su agenda, entre otras causas, debido a la falta de mayoría en el Congreso y a la conflictividad que domina las relaciones entre los poderes del Estado.

Si los mecanismos para gobernar con estabilidad están en razón de la capacidad de ambos poderes de lograr coaliciones partidarias (Jiménez Badillo, 2007), me animaría a advertir que la crisis política no tendrá una solución aun cuando vayamos a elecciones adelantadas, pues hasta ahora no se ha conseguido ningún cambio que ofrezca salidas coherentes a los problemas que padecemos.

Tal vez hoy más que nunca urgen reformas que viabilicen la gobernabilidad y que contribuyan a hacer funcional nuestro sistema político-institucional a la actual dinámica dominada por el enfrentamiento entre facciones y que hasta ahora nos ha conducido a la parálisis.

Para empezar, no estaría mal estudiar qué reformas llevar a cabo para restablecer y optimizar el sistema de equilibrio y de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, el cual fue alterado en el contexto de los esfuerzos desplegados por el Congreso para neutralizar al Ejecutivo que presidió Pedro Castillo.

Entre otros temas, tendría que analizarse también si la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral ha servido como instrumento para proteger la figura de la Presidencia de conductas reprobables o si más bien se ha empleado como chaveta para la venganza política.

Dudo de que estas reflexiones vayan a primar en el actual Congreso, cuyos miembros parecen más preocupados en impulsar algunas contorsiones legislativas para abrir una ventana que les permita postular en las elecciones adelantadas. Debería ser tarea del próximo Legislativo.

Darle estabilidad al Perú tras una crisis sin parangón reciente sería un mínimo paso adelante y tal vez un homenaje a la memoria de las personas que perdieron la vida en el contexto de las protestas sociales.