Por Guillermo Vidalón – El Montonero

PERDIENDO LA PERSPECTIVA

Las regiones que han destacado más en su proceso de desarrollo relativo son Moquegua, Tacna, Arequipa, Ica, Apurímac y, en su momento, Cajamarca, excluyendo a Lima que concentra aproximadamente el 70 por ciento del Producto Bruto Interno del país. Estas regiones crecieron por la presencia sostenida de la actividad minera, que se sumó a las actividades económicas tradicionales que en ellas se llevaban y llevan a cabo, como la agricultura y ganadería, principalmente. Sin embargo, el aporte generado por las actividades agropecuarias tradicionales siempre resultó insuficiente para alcanzar los niveles de bienestar que se logran cuando se consolidan importantes proyectos mineros como Toquepala (Tacna, 1960), Cuajone (Moquegua, 1976), Cerro Verde (Arequipa, 1997), Shougang Hierro Perú (Ica, 1993), Las Bambas (Apurímac, 2016) y Yanacocha (Cajamarca, 1993).

Algo similar sucedió con el desarrollo del gas de Camisea, otro emprendimiento destinado al aprovechamiento de la riqueza natural en beneficio del país. Camisea se mantuvo sin producir durante 21 años, gracias a una oposición política contraria a la inversión. ¿Quién perdió con el atraso en el desarrollo de Camisea? La población de menores recursos. Por entonces, los opositores a la inversión manifestaban que el gas natural primero debería llegar al Cusco, pero el consumo de gas estimado en dicha región no justificaba el monto de inversión que representaba la ejecución de Camisea. ¿Quién fue el principal opositor a Camisea? El fallecido exalcalde del Cusco, Daniel Estrada. En aquel tiempo todavía no se habían establecido las regiones.

Lo lamentable es que, pese al tiempo transcurrido, y habiéndose demostrado hasta la saciedad que los países que promueven la inversión son los que alcanzan niveles de satisfacción y prosperidad superiores para el conjunto de su población, en el Perú todavía hay quienes promueven propuestas en contra de la inversión, apelando a una retórica redistributiva para persuadir al electorado y convertirse en autoridades.

Así fue como, hace más de 50 años, los promotores de la reforma agraria la presentaron como una panacea para mejorar la calidad de vida de los campesinos. No obstante, a la luz de los resultados económicos y sociales, ha significado un enorme fracaso porque promovió la parcelación de la tierra, cuando el agro moderno requiere grandes extensiones para administrarlas de manera eficiente y productiva.

Contemporáneamente, en 2021, empleando acciones de violencia, grupos ideologizados atentaron contra las instalaciones de la agricultura peruana más moderna y competitiva a nivel mundial. El resultado fue la imposición de otra ley anti-inversión. La antítesis de la Ley de Promoción Agraria, que atrajo inversiones y ocasionó el boom de la agroexportación; lo que implica el uso eficiente del agua, además de que ha convertido al Perú en uno de los mayores exportadores mundiales en arándanos, paltas, espárragos, entre otros.

Ahora, al parecer, el objetivo es la minería, el buque insignia de la economía peruana, que demuestra su eficiencia, elevado nivel de productividad y capacidad competitiva frente a otros productores de metales del mundo. Claro está que los grupos anti-inversión están empleando diversas estrategias para convencer a un mayor número de ciudadanos; nos referimos al proyecto de Ley de Ordenamiento y Gestión Territorial presentado por los congresistas de la agrupación política Perú Libre en julio del presente año. Además, el proyecto se presentó en el II Consejo de Estado Regional y se habría delegado en la Presidencia del Consejo de Ministros la decisión final sobre en qué zonas del territorio nacional la minería sería excluida.

En 2005 se promulgó la Ley 28611, que establece la Zonificación Ecológica Económica. Se señaló que se trataba de un proceso dinámico y flexible para la identificación de alternativas de uso sostenible de un territorio. Como resultado, algunas entidades subnacionales decidieron que en sus jurisdicciones no debería haber minería. La región Cajamarca, que avanzaba en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) gracias al aporte de la minería, hoy congrega al mayor número de distritos en situación de extrema pobreza. Recordemos la identificación ideológica de quienes se opusieron al proyecto Conga, quienes inclusive contaron con la activa participación de un sindicado por las autoridades como ex miembro de un grupo subversivo.

Todo indica que el objetivo es promover el mayor descontento ciudadano, deteniendo la inversión, obstaculizando la generación de empleo productivo y, por consiguiente, la reducción de la pobreza. El Perú alcanzó un crecimiento promedio anual de 8% al 2011; desde entonces a la fecha, el ritmo de crecimiento se ha reducido significativamente en paralelo con el desmontaje de las políticas promotoras de la inversión. Como consecuencia la pobreza pasó de 20% a 30% de la población.

Las políticas anti-inversión están enfocadas en cada uno de los motores de la economía: la agroindustria, la minería, el turismo. Y para eliminarlas emplean varias líneas de acción: las formales, promoviendo el cambio normativo; y las informales. mediante acciones violentas y extorsivas. Luego dirán que el sistema de generación de riqueza que promueve el bienestar no funciona; por lo tanto, hay que cambiarlo. Por eso enfilan sus acciones contra el capítulo económico de la Carta Magna.