RICARDO ALONSO, DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA COMPLUTENSE

Arequipa recibió recientemente la visita del destacado constitucionalista y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense en España, Ricardo Alonso García, quien compartió su visión sobre la crisis política, la inestabilidad institucional y la corrupción en el país. Destacó la importancia de fortalecer la educación como un pilar fundamental para consolidar la democracia y recuperar la confianza en las instituciones.

Por Rocío Velazco C.

Durante la entrevista, el constitucionalista Alonso García reconoció que el Congreso de la República ha sido en los últimos tiempos el centro de fuertes críticas y desaprobación ciudadana. Sin embargo, enfatizó que, más allá de los errores individuales de sus miembros, debe prevalecer la institución y sus principios fundamentales.

“El Perú puede superar su actual crisis política mediante un fortalecimiento institucional sostenido y una apuesta real por la educación. El país tiene el talento y los recursos para salir adelante. Lo que necesita es una visión a largo plazo, un liderazgo honesto y un compromiso genuino con el bienestar de su gente”, remarcó.

“El derecho constitucional siempre nos ha enseñado que sobre cualquier equivocación de las personas y sobre cualquier error humano, siempre debe prevalecer la institución. En este caso, la función primordial del Congreso es elaborar leyes de calidad en beneficio de la sociedad”, subrayó.

Alonso García advirtió que la crisis institucional del Parlamento se ha agravado debido a contrataciones inadecuadas y casos de corrupción en su interior. A raíz de ello, el Parlamento ha implementado medidas correctivas, tanto inmediatas como a largo plazo. En el corto plazo, se decidió la separación de los trabajadores que no cumplían con los perfiles requeridos y cuyas acciones fueron objeto de críticas. A largo plazo, se busca reformar el estatuto institucional de recursos humanos, con el objetivo de establecer criterios más estrictos en la selección de personal y garantizar que la calidad y las competencias sean los factores determinantes en la contratación de funcionarios.

“El Legislativo debe apostar por la profesionalización de sus cuadros administrativos. La prioridad no debe ser la cantidad de trabajadores, sino la calidad y su formación para desempeñar adecuadamente sus funciones”, afirmó el catedrático español.

Asimismo, resaltó que la corrupción en la contratación de personal no es un problema exclusivo del Parlamento, sino que es un mal generalizado en el país. No obstante, insistió en que el Congreso tiene la responsabilidad de dar el ejemplo y establecer estándares que puedan replicarse en otras instituciones públicas.

LA CORRUPCIÓN Y EFECTOS EN LA DEMOCRACIA

También abordó el impacto de la corrupción en la gobernabilidad del Perú y cómo esta erosiona la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. Destacó que los recientes escándalos dentro del Congreso han generado un rechazo social profundo y han puesto en evidencia la necesidad de adoptar mecanismos de control más rigurosos.

“Es fundamental que las instituciones no solo reaccionen ante los hechos consumados, sino que implementen mecanismos preventivos. La fiscalización interna debe fortalecerse para evitar que personas sin los méritos ni la ética adecuada accedan a cargos clave en el aparato estatal”, manifestó.

En este sentido, Alonso García detalló que existen dos niveles de control dentro del Congreso. En primer lugar, los casos de irregularidades cometidos por trabajadores administrativos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía, que deberá determinar si se configuraron delitos y, de ser el caso, llevar a los responsables ante la justicia. En segundo lugar, el comportamiento de los propios parlamentarios es evaluado por la Comisión de Ética, que tiene la facultad de sancionarlos internamente. En situaciones más graves, los casos pueden llegar a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la cual tiene el poder de recomendar el levantamiento del fuero parlamentario para que los congresistas puedan ser procesados penalmente.

“La corrupción no solo se combate con sanciones, sino con una educación que forme ciudadanos críticos, con valores democráticos y con un compromiso real con la transparencia y el servicio público”, indicó.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el sistema educativo como una estrategia clave para reducir la corrupción y la crisis política en el país. Según el constitucionalista, una sociedad bien educada es menos vulnerable a los populismos y más exigente con sus autoridades.

“La educación pública es el arma más poderosa contra la corrupción y la inestabilidad política. Un ciudadano que recibe una educación de calidad puede diferenciar entre una promesa populista y una política pública sostenible. Puede exigir rendición de cuentas y tomar decisiones informadas en las elecciones”, sostuvo.

Lamentó que en Perú la inversión en educación siga siendo insuficiente y que muchos jóvenes no tengan acceso a una formación que les permita desarrollar su máximo potencial. Además, criticó la precarización de la educación superior y la falta de apoyo a las universidades públicas, que deberían ser los principales centros de producción de conocimiento y formación de profesionales íntegros.

Otro de los temas abordados por Alonso García  fue la reimplementación del sistema bicameral en el Congreso peruano. Señaló que, si bien este cambio puede contribuir a mejorar la calidad de las leyes, es crucial que el proceso de transición sea transparente y conforme a la normativa vigente.

“La reestructuración del Congreso en un sistema bicameral es una oportunidad para mejorar el debate legislativo y evitar la improvisación en la creación de normas. Sin embargo, debe garantizarse que la nueva Cámara de Senadores cumpla su función de manera eficiente y no se convierta en una duplicación de problemas”, advirtió.