Autoridades de la región recuperarán terrenos del Estado.

Desde el Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS), antes Autodema, anunciaron que intensificarán las acciones para recuperar terrenos estatales ocupados ilegalmente. En paralelo, desarrollan los casos judicializados como el conflicto por 171 mil hectáreas por parte de la familia Vásquez Díaz y la falta de delimitación de 49 mil hectáreas en el predio Pájaro Bobo.

«Lo primero que hacemos tras una invasión es efectuar la defensa posesoria. Es decir, al día siguiente acudimos con maquinaria y defendemos nuestra posesión. En paralelo, avanzamos los procesos extrajudiciales en los predios ya judicializados. Buscamos imponer el principio de autoridad. (…) Exhortamos a la población majeña engañada por terceros a retirar sus animales para poder recuperar los terrenos», declaró Duberly Otazú García, gerente del PEIMS.

Actualmente, Autodema mantiene la custodia de 471 mil hectáreas del proyecto Majes Siguas. De acuerdo a sus mapeo, enfrenta la ocupación de al menos 2 mil hectáreas. Sin embargo, la Procuraduría Regional de Arequipa estima que el área ocupada asciende a 20 mil hectáreas. En el caso de Pájaro Bobo, el predio fue judicializado y los denunciantes obtuvieron derechos sobre 49 mil hectáreas de terrenos estatales, aunque su delimitación aún depende de gestiones ante Registros Públicos.

El conflicto con la familia Vásquez Díaz es uno de los más complejos. Aunque adquirieron solo 38 hectáreas, buscan ocupar 171 mil. Esta situación ha generado nuevos enfrentamientos legales con asociaciones invasoras. Al respecto, Otazú García descartó cualquier diálogo con la Asociación Nuevo Amanecer del Fundo Huacán, argumentando que los terrenos fueron invadidos con fines de lucro. «Nuestra posición es clara: no hay ninguna posibilidad de establecer una mesa de diálogo», enfatizó.

Desde la PEIMS Autodema señalaron que el agua en los terrenos de Majes Siguas está destinada exclusivamente al uso agrícola, por lo que los asentamientos humanos en la zona no son viables. A pesar de ello, diversas asociaciones, con asesoría legal, han logrado dilatar los procesos de recuperación de predios mediante recursos judiciales y administrativos.

Las acciones legales para desalojos se coordinan con la Procuraduría Regional del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Se prevé ejecutar al menos cuatro recuperaciones de terrenos en 2025, luego de que los operativos se intensificaran en el último trimestre de 2024.