Por Jorge Turpo R.

La fiscalía lo acusa de un desbalance patrimonial de más 668 mil soles durante su periodo como alcalde de Mariano Melgar. Su expareja, sus dos hijos y un amigo también están involucrados en el caso.

INICIÓ JUICIO ORAL EN SU CONTRA

Una sombra legal se extiende sobre el congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera. Actualmente enfrenta un juicio oral por el presunto delito de lavado de activos, proceso en el que también están implicados su exesposa, dos de sus hijos y un amigo cercano. De ser hallado culpable, Martínez, podría ser sentenciado a ocho años de prisión efectiva, además de 120 días multa.

La acusación parte de un presunto desbalance patrimonial detectado durante su gestión como alcalde del distrito de Mariano Melgar, entre 2015 y 2018.

Según la fiscalía, durante ese período, Martínez Talavera, declaró ingresos por 369 mil soles, pero sus gastos ascendieron a más de un millón de soles.

En concreto, no existe justificación para un excedente de 668 mil soles, lo que motivó la sospecha de un presunto origen ilícito de los fondos.

Las acciones del Ministerio Público, lideradas por el fiscal provincial de lavado de activos, Luis César Salas Bejarano, han delineado un patrón de presuntas maniobras financieras orientadas a ocultar el verdadero origen del dinero.

Entre las operaciones observadas figura la construcción de tres departamentos valorizados en 756 mil soles en un inmueble ubicado en la urbanización Lara Socabaya.

Posteriormente, estos bienes fueron transferidos a sus hijos mediante anticipos de legítima, valorizándolos a tan solo 10 mil soles cada uno, una cifra ínfima comparada con el valor real.

Adicionalmente, se señala que Martínez realizó mejoras por 102 mil soles en otro predio de su propiedad y transfirió sumas de dinero a su círculo cercano.

Su expareja, Sila Mogrovejo, sus hijos Braulio y Yordan, y su amigo, David Cáceres, habrían recibido dinero para la compra de vehículos y la creación de dos empresas —Axpe SRL y Achikilla SRL— durante su mandato como burgomaestre. La fiscalía alega que estas operaciones forman parte de una estrategia para legitimar capitales de origen ilícito.

Durante la audiencia oral, el fiscal también expuso que los vehículos adquiridos con estos fondos fueron registrados a nombre de terceros, pero eran usados directamente por Martínez y sus familiares.

El congresista, por su parte, ha negado las acusaciones y asegura que su patrimonio proviene de herencias y de años de trabajo.

UN PROCESO MARCADO POR DILACIONES

El camino judicial de este caso ha sido largo y lleno de obstáculos. El proceso, que inicialmente debía avanzar hacia el juicio oral a mediados de 2023, ha sido postergado en al menos cuatro ocasiones.

Las audiencias de control de acusación —etapa previa al inicio del juicio— fueron reprogramadas reiteradamente: de junio a julio, luego a octubre, noviembre y finalmente para enero de 2024.

En su momento, el juez Óscar Quilluya Puma ordenó devolver la acusación a la Fiscalía para que realice diversas precisiones. Entre ellas, detallar las circunstancias específicas de participación de cada acusado, clarificar la relación de ciertos bienes con la presunta actividad ilícita, y establecer con mayor claridad la conexión entre el congresista y algunas operaciones bajo investigación.

A pesar de que se otorgó un plazo de cinco días a la Fiscalía para subsanar los requerimientos, el Ministerio Público solicitó más tiempo debido a la complejidad del caso. El resultado ha sido un proceso que avanzó con lentitud y en medio de una constante incertidumbre legal.

Cabe señalar que Martínez no puede acogerse a la polémica Ley N.º 31751 —conocida como “Ley Soto”— que permite la prescripción de ciertos procesos penales, ya que la Corte Suprema ha declarado recientemente que su aplicación es desproporcionada y no debe regir en casos graves como el que lo involucra.

MARTÍNEZ EN LA COMISIÓN DE ÉTICA

A los cuestionamientos legales se suman las sanciones morales. La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad un informe que admite una denuncia en contra de Edwin Martínez por declaraciones que podrían vulnerar el Código de Ética Parlamentaria.

La denuncia fue presentada por la congresista, Susel Paredes, tras una intervención de Martínez el pasado 9 de enero, en la que opinó sobre un caso de presunta agresión sexual contra una mujer, insinuando que la víctima tendría parte de responsabilidad por haber consumido alcohol.

«Los dos varones debieron controlar a la muchacha para que no beba tanto y después puedan suceder este tipo de situaciones», dijo textualmente el legislador.

Estas afirmaciones generaron una ola de críticas y fueron interpretadas como una forma de revictimización, por lo que la comisión inició una investigación preliminar.

El congresista deberá rendir cuentas sobre el contexto y motivaciones de sus palabras en la etapa de investigación.

Mientras la justicia penal define si Edwin Martínez debe responder por un presunto delito que podría costarle la libertad, el Congreso también evalúa si su comportamiento moral es compatible con el cargo público que ostenta. En ambos frentes, el parlamentario enfrenta el escrutinio de instituciones y ciudadanía. Y cada paso en falso podría tener consecuencias irreversibles para su futuro político y personal.