Por Jorge Turpo Rivas

Cuestionan inclusión de ruta que era cubierta por combis. El dirigente de las “loncheritas”, Víctor Mendoza, advierte que se desatará un nuevo conflicto y enfrentamiento porque la municipalidad habilitó nuevas rutas al SIT que ellos cubrían.

CONFLICTO SOBRE RUEDAS

La aprobación de nuevas rutas de transporte por parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa ha encendido una chispa que amenaza con convertirse en incendio. En el centro de esta controversia se encuentra el dirigente de los transportistas informales, Víctor Mendoza, quien denuncia públicamente la existencia de irregularidades en el proceso de asignación de rutas y advierte sobre un inminente conflicto social.

Según Mendoza, el reciente plan de optimización de rutas, impulsado por la Gerencia de Transportes del municipio, no solo es técnicamente deficiente, sino también legalmente cuestionable.

“Están aprobando nuevas rutas con una resolución que ya fue derogada hace dos meses”, afirma con documentos en mano.

El dirigente, que lidera un gremio que agrupa a más de 30 empresas informales —con más de 7 mil unidades conocidas como “loncheritas”— sostiene que la municipalidad está favoreciendo a empresas que ni siquiera cuentan con la flota suficiente para cubrir el servicio.

Una de las rutas que ha encendido la polémica es la que conecta la parte alta de Cayma con Río Seco, hasta ahora cubierta por las «loncheritas». Sin embargo, con la implementación del nuevo plan, esta será asumida por la empresa Transcayma, parte del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

El problema, según Mendoza, es que dicha empresa no tiene cómo cumplir con la nueva asignación.

“Transcayma tenía una flota acreditada de 147 unidades. Le han anulado 72 unidades M2 y 50 M3. Le quedan 25 vehículos, y para cubrir esta nueva ruta necesita al menos 200. ¿De dónde los van a sacar?”, se pregunta Mendoza.

Además, mostró una serie de resoluciones municipales que —según afirma— prueban que las unidades de Transcayma han sido inhabilitadas y que no deberían estar operando.

“Estas unidades no deben circular. Esto ya se ha presentado a la Fiscalía, tanto a la de Prevención del Delito como a la Fiscalía Penal y a la Segunda Fiscalía Anticorrupción”, dijo.

Lo que Mendoza plantea no es solo una disputa territorial por el control de rutas. Va más allá. Asegura que el nuevo diseño del sistema de transporte está plagado de errores, irregularidades administrativas y favoritismos.

“Están usando una resolución derogada como base legal para aprobar el plan. Eso es ilegal”, sentencia.

Desde su perspectiva, la Municipalidad estaría utilizando el discurso de “ordenar el transporte público” como una fachada para desplazar a los actuales operadores —aunque informales— y beneficiar a empresas que, según él, no están en condiciones de operar.

“A Transcayma no le basta con no cubrir las rutas que ya tiene asignadas. Le dan otra más, justo donde nosotros operamos. Esto es una provocación directa”, dijo, señalando que detrás de esta decisión podría haber incluso una represalia personal.

Las acusaciones de Mendoza no se limitan a una queja gremial. Él asegura haber presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, y no descarta acciones legales contra el gerente de Transportes, Miguel Ochoa Santa Cruz, y contra el propio alcalde provincial.

CONFLICTO

El trasfondo de este conflicto revela una fractura profunda en el sistema de transporte de Arequipa. Por un lado, la informalidad reina en muchos sectores. Mendoza lo niega tajantemente cuando se le señala que su gremio también es informal: “Nosotros no somos informales, nuestros vehículos tienen años prestando servicio. Lo que está mal es el sistema que no nos reconoce”, replica.

Por el otro lado, el intento de institucionalizar el transporte mediante el SIT parece enfrentar obstáculos no solo técnicos, sino sociales y legales.

El municipio apuesta por un modelo que formalice y modernice el transporte urbano, pero lo hace —según denuncian los afectados— sin un diagnóstico claro de capacidades operativas ni un proceso transparente.

La situación es delicada. Mientras las autoridades locales celebran la expansión del SIT como un paso hacia la mejora de la movilidad urbana, desde las calles se alzan voces que advierten sobre el caos que puede desencadenar.

Mendoza lo resume con una advertencia: “Va a haber conflicto. Lo estamos diciendo desde ahora. Si no se corrige este error, lo que viene es enfrentamiento”.

El conflicto no solo amenaza con paralizar zonas clave de la ciudad, sino también con fracturar aún más la confianza ciudadana en los procesos públicos. En el centro de todo, los usuarios del transporte, quienes se verán atrapados entre dos fuegos: un sistema oficial en pañales y un sistema informal que se resiste a desaparecer.

El desenlace está aún por escribirse. Pero si algo queda claro, es que en Arequipa el transporte no solo mueve gente: también mueve intereses, poder y confrontación.