Por Jorge Turpo R.

Serenos serán capacitados en el uso de armas. La norma exonera de responsabilidad penal prevista en la ley. Si un sereno causa daños a la vida, la salud o el cuerpo de una persona mientras usa una pistola eléctrica, quedará exento de sanción penal.

CAPACITACIÓN SERÁ FUNDAMENTAL

Con la publicación realizada ayer de la Ley N° 32312 en el diario oficial El Peruano, se dio luz verde al uso de pistolas eléctricas por parte del serenazgo municipal. Sin embargo, la nueva disposición no tendrá efecto inmediato: recién a partir de julio los agentes podrían comenzar a utilizar estas armas, siempre que el reglamento correspondiente esté listo en el plazo estipulado de 60 días.

La norma incorpora las pistolas eléctricas —como las conocidas Taser— a la lista de medios de defensa de los serenos, junto con grilletes, bastones tonfa, aerosoles de pimienta, escudos y chalecos antibalas.

Su finalidad, según la ley, será disuadir delitos y proteger la seguridad ciudadana respetando los derechos fundamentales. Pero su implementación depende de un paso crítico: la elaboración de un reglamento específico que adecúe las actuales disposiciones a esta nueva realidad.

URGENTE Y NECESARIO

De acuerdo a lo estipulado, el Poder Ejecutivo tiene 60 días para aprobar el reglamento. Solo entonces los municipios estarán habilitados para armar a sus agentes con pistolas eléctricas.

De cumplirse el plazo, el serenazgo estaría en condiciones de usar estos dispositivos a partir de julio de 2025. No obstante, la experiencia muestra que no siempre se cumplen los tiempos en la reglamentación de nuevas leyes en el Perú, lo que genera dudas sobre una implementación efectiva.

José Briones, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Arequipa, advirtió sobre la importancia de la capacitación y los protocolos en este proceso.

«Toda medida suma para combatir el avance de la delincuencia, pero esas pistolas eléctricas también pueden provocar la muerte, entonces se requiere establecer protocolos muy específicos para su uso y poner especial énfasis en la capacitación de los miembros del serenazgo», subrayó.

Briones enfatizó que el entrenamiento de los agentes no debe ser visto como un trámite formal, sino como un componente esencial para minimizar los riesgos de un uso indebido o desproporcionado de las armas eléctricas.

Según la nueva ley, antes de utilizar pistolas eléctricas, los serenos deberán pasar por programas de formación que incluyan entrenamientos en campo, polígonos de tiro y simuladores.

Sin embargo, una omisión importante genera preocupación: el uso de cámaras corporales será opcional, no obligatorio. Esto podría crear diferencias entre distritos, favoreciendo a los que tengan mayor presupuesto para equiparse mejor.

En ese contexto, expertos en derechos humanos y seguridad advierten que la falta de una supervisión audiovisual permanente podría facilitar abusos, especialmente en intervenciones contra poblaciones vulnerables.

A nivel internacional, entidades como Amnistía Internacional han cuestionado el uso de armas de electrochoque, recordando que su impacto puede ser letal en personas con afecciones cardíacas, mujeres embarazadas o individuos bajo los efectos de drogas.

RESPONSABILIDAD PENAL LIMITADA

Otro aspecto que genera debate es la exoneración de responsabilidad penal prevista en la ley. Si un sereno causa daños a la vida, la salud o el cuerpo de una persona mientras usa reglamentariamente una pistola eléctrica, quedará exento de sanción penal, en aplicación del artículo 20, numeral 9, del Código Penal.

Este blindaje legal podría incrementar el riesgo de un uso desmedido de la fuerza, más aún en un país donde los mecanismos de control interno y externo sobre las fuerzas del orden son débiles.

Para Briones, esta es otra razón para insistir en protocolos estrictos: «El reglamento debe ser claro sobre cuándo y cómo puede usarse la pistola eléctrica. No se trata solo de dar armas, sino de asegurarnos de que se usen en los casos estrictamente necesarios».

RETO

El reto ahora es doble: que el reglamento sea aprobado dentro del plazo y que garantice un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y el respeto por los derechos humanos. Aunque los municipios podrían avanzar en la capacitación desde ahora, sin el reglamento no es viable que los serenos utilicen las pistolas eléctricas de manera oficial.

La fecha de julio se perfila como un hito clave: será el momento en que se podrá evaluar si esta apuesta por dotar de armas de electrochoque al serenazgo representa un avance real en la seguridad ciudadana o si, por el contrario, abre una nueva fuente de conflictos y riesgos.