PERÚ COMPETITIVIDAD

El pasado 8 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó las cifras de pobreza monetaria correspondientes a 2024. Los resultados no son alentadores: el 27,6 % de los peruanos vive en situación de pobreza, lo que equivale a 9 millones 395 mil personas.

Aunque esta tasa representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto a 2023 (29 %), sigue siendo muy superior a los niveles prepandemia. En 2019, la pobreza afectaba al 20,2 % de la población, lo que evidencia un grave retroceso que nos ha llevado a niveles de pobreza que teníamos en 2011 (27,8%), así como la poca efectividad de las intervenciones estatales para revertir esta situación. Los departamentos con mayores índices de pobreza en 2024 fueron Cajamarca (45 %) y Loreto (43 %), mientras que los menores niveles se registraron en Ica (6 %) y Moquegua (11 %). Arequipa, por su parte, tiene un nivel de pobreza de 15,8%, y es el departamento que más redujo su tasa de pobreza respecto a 2023 (-1,9%).

El INEI utiliza históricamente un enfoque de pobreza monetaria, comparando el gasto per cápita de los hogares con una línea de pobreza. Aquellos hogares cuyo gasto promedio por persona no supera dicho umbral son considerados pobres. En 2024, esta línea se fijó en S/ 454 mensuales, monto que permite cubrir una canasta básica de alimentos y otras necesidades esenciales como transporte, vivienda, salud, vestimenta y educación. Así, el 27,6 % de los peruanos no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir un mínimo esencial de necesidades básicas.

Del análisis de las tendencias recientes en pobreza, surgen dos características preocupantes. Primero, el crecimiento de la pobreza en las zonas urbanas. Segundo, la existencia de una amplia proporción de ciudadanos que, sin ser clasificados como pobres, enfrentan un alto riesgo de caer en pobreza.
La urbanización de la pobreza se intensificó a raíz de la pandemia. En 2019, el 56,7 % de la población pobre vivía en zonas urbanas. En 2020, esta proporción aumentó al 68,4 %, y en 2024 llegó al 72,7 %. Esto implica que las políticas de reducción de la pobreza deben ajustarse a un enfoque más urbano que en el pasado.

La situación se vuelve aún más crítica si se incorpora el concepto de vulnerabilidad a la pobreza. Las personas con vulnerabilidad a la pobreza son aquellas cuyo gasto per cápita sí supera la línea de pobreza (es decir, no son pobres), pero cuyos ingresos son tan frágiles que cualquier evento adverso —una enfermedad, la pérdida del empleo, una emergencia familiar— podría empujarlos a la pobreza. Estas personas no cuentan con ingresos estables ni capacidad de ahorro. En 2024, el 31,8 % de la población estaba en esta situación de vulnerabilidad. Si se suma este grupo al porcentaje de pobres, se concluye que el 59,4 % de los peruanos vive en pobreza o en un riesgo muy alto de caer en ella.

Seis de cada diez peruanos están en condición de pobreza o son vulnerables ante cualquier imprevisto que afecte su economía. Esta es una señal alarmante del deterioro de la economía familiar en el país. La experiencia reciente demuestra que la clave para reducir la pobreza está en promover un crecimiento económico sostenido, con políticas que impulsen la competitividad y generen empleo. Entre 2004 y 2019, la pobreza cayó de 58,7 % a 20,2 % justamente por esa vía.

No obstante, el contexto actual no permite anticipar un cambio significativo. La creciente inseguridad ciudadana desalienta el desarrollo de nuevos emprendimientos; el Poder Ejecutivo ha optado por restringir la minería formal en zonas como Pataz, sin lograr contener el avance de la minería ilegal; el reciente incremento del salario mínimo ha afectado negativamente los incentivos para la formalización laboral; y, por segundo año consecutivo, el Gobierno ha incumplido su meta de déficit fiscal, evidenciando una débil disciplina en la gestión de las finanzas públicas.

Frente a este escenario, se vuelve indispensable elegir autoridades con una hoja de ruta clara, orientada a fortalecer la competitividad, promover un crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza de manera efectiva. Un punto de partida viable es la reactivación de proyectos de inversión mediante esquemas que aseguren su adecuada operación y mantenimiento, como las Asociaciones Público-Privadas. De esta forma, se garantiza que las obras ejecutadas realmente presten servicios de calidad a la ciudadanía y contribuyan al desarrollo sostenible y competitivo del país.