INSCRIPCIÓN AL REDAM SE AGILIZA EN AREQUIPA
Omisión familiar inhabilita para ocupar
cargos públicos y viajar al exterior

Jueza Eliana Iruri Gómez, del Octavo Juzgado de Paz Letrado de Familia.

Padres no deben esperar a que sus nombre estén registrados para cumplir con su deber.

La omisión a la asistencia familiar es considerada un delito grave. Su incumplimiento puede acarrear sanciones penales, como prisión o multas, además de consecuencias civiles. También puede generar dificultades para obtener ciertos beneficios o acceder a cargos públicos.

Por Juan Palo R.

Fotos: Jorge Esquivel

El incumplimiento del pago de pensión de alimentos conlleva numerosas consecuencias para el demandado; desde una posible pena de prisión, hasta la imposibilidad de acceder a créditos bancarios, restricciones para viajar al extranjero e inhabilitación para ocupar cargos públicos, afirmó la jueza Eliana Iruri Gómez, del Octavo Juzgado de Paz Letrado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
En ese sentido, la magistrada explicó que la omisión de asistencia familiar no solo es un delito penal, sino que también puede afectar la calificación crediticia del deudor, dificultando o impidiendo el acceso a créditos.

Además, la existencia de una deuda alimentaria puede constituir un impedimento para salir del país, sobre todo si hay un proceso judicial en curso. Esta falta también puede generar inhabilitación temporal o permanente para el ejercicio de cargos públicos.

“El incumplimiento de la pensión alimenticia es algo serio, no es un juego”, enfatizó la jueza Iruri Gómez, quien agregó que este delito tiene graves consecuencias legales y sociales en la mayoría de países.

CIFRAS DEL REDAM

Por otro lado, la jueza se refirió a las cifras del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), que ubican a Arequipa en primer lugar a nivel nacional, con 2 850 personas inscritas. Expresó su sorpresa al conocer que en otros distritos judiciales del país no se superan los 25 casos, lo que —sugirió— podría deberse a que no se está siguiendo el procedimiento de registro adecuadamente.

“Solo haya 25 personas (Sullana) con omisión familiar, eso es imposible. O quiere decir que esos Juzgados de Paz Letrado no tienen carga procesal. Aquí, en Arequipa, los cuatro juzgados tienen un gran número de casos”, puntualizó.

Asimismo, señaló: “Esta cultura de incumplimiento en temas de asistencia familiar no es exclusiva de los arequipeños. Hombres y mujeres en todo el país no toman conciencia de su obligación. No se trata solo de alimentar a tu hijo, se trata de derechos de menores, de tu propia sangre. No debe tomarse a la ligera”.

TRÁMITE RÁPIDO Y VIRTUAL

Por su parte, el jefe del Registro de Condenas, Manuel Gonzales Salazar, indicó que el trámite de inscripción en el REDAM es completamente virtual y puede realizarse en 24 horas, siempre que el deudor haya sido previamente declarado como tal y notificado.

Agregó que, lamentablemente, algunos padres se niegan a cumplir con el pago de pensiones ordenadas judicialmente. No obstante, cuando el incumplimiento supera los tres meses consecutivos, se configura el delito de omisión a la asistencia familiar.

Sin embargo, en Arequipa, se han registrado alrededor de 120 casos en los que, tras enterarse de su inscripción en el REDAM, los padres procedieron a pagar las pensiones adeudadas o a conciliar con la parte demandante. “Los juzgados han enviado las resoluciones de cancelación de dichas inscripciones”, precisó Gonzales Salazar.

APOYO LEGAL GRATUITO

La jueza Eliana Iruri Gómez y el jefe del Registro de Condenas, Manuel Gonzales Salazar, resaltaron que las familias sin recursos económicos pueden acudir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, institución que ofrece asesoría legal gratuita a través de abogados especializados. También pueden acceder a este tipo de apoyo en la Universidad Católica de Santa María, el Colegio de Abogados y otras organizaciones.

RESALTAR
Se han detectado casos en los que los progenitores renuncian a sus trabajos para evitar el descuento por pensión, o simulan obligaciones alimentarias con otros familiares, como sus padres o cónyuges, para reducir el monto que correspondería a sus hijos. Este tipo de acciones constituye un agravante del delito de omisión a la asistencia familiar, y perjudica directamente a los menores.