PERÚ COMPETITIVIDAD

En la última semana, fuimos testigos de un nuevo episodio de inestabilidad política en el Ejecutivo: la sorpresiva salida del ministro de Economía y Finanzas, que llevaba poco más de tres meses en el cargo, y la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, ante la inminencia de una moción de censura. Estos hechos reflejan la alta volatilidad institucional que viene afectando al país y que se ha convertido en una constante del panorama político reciente.

Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado. Según un análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC), entre 2011 y 2016 el titular del MEF permanecía en promedio 30 meses en el cargo; sin embargo, ese promedio cayó a solo 8 meses entre 2016 y 2024. En el caso de la PCM, la duración promedio pasó de 9 meses (2011-2016), a 7 meses (2016-2021), y se redujo a apenas 5 meses en el periodo 2021-2024. La fragilidad del Gabinete ya no es una excepción, sino parte estructural del problema.

La alta rotación en las más altas esferas del gobierno debilita profundamente la institucionalidad del país por al menos tres razones. Primero, erosiona la continuidad de las políticas públicas. Las estrategias y reformas que requieren tiempo para implementarse de forma efectiva suelen ser interrumpidas o replanteadas antes de que produzcan resultados. Esto genera incertidumbre, mina la planificación de mediano plazo y reduce la credibilidad del Estado ante ciudadanos, inversionistas y socios internacionales. Sin consistencia, las políticas públicas difícilmente pueden alcanzar sus objetivos o generar beneficios sostenibles.

Un ejemplo concreto es la paralización de la autógrafa de Ley, “Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas (APP) y proyectos en activos” (Proyectos de Ley 10512/2024-CR y 10752/2024-CR), que propone fortalecer el rol de ProInversión como ente rector de las Asociaciones Público-Privadas (APP). Esta iniciativa, impulsada por el MEF, buscaba agilizar los proyectos de inversión pública que operan bajo esta modalidad, través de un cambio en la rectoría y la simplificación burocrática, pero ha quedado en suspenso tras la salida del ministro. Algo similar ocurre con el anunciado “shock desregulatorio”, un paquete de más de 400 medidas orientadas a mejorar la regulación, simplificar trámites y fortalecer la eficiencia del Estado. Hoy, su continuidad está en duda.

Segundo, los cambios constantes afectan la estabilidad interna de la administración pública. La llegada de nuevos ministros suele implicar la salida de funcionarios clave, debilitando la memoria institucional y entorpeciendo la gestión. En el caso del MEF, el exministro Salardi realizó cambios en las direcciones generales del ministerio. Con su salida, se anticipan nuevas modificaciones. Esta rotación continua obstaculiza la consolidación de equipos técnicos sólidos y merma la eficiencia de un ministerio clave para el funcionamiento del Estado.

Finalmente, esta inestabilidad erosiona la confianza ciudadana e institucional. Un aparato público sin dirección estable transmite señales de improvisación y debilidad, tanto al interior como hacia afuera. La coordinación interinstitucional se ve afectada, y las políticas quedan atrapadas en vaivenes políticos que impiden su implementación sostenida.

Superar esta fragilidad institucional es clave para construir un Estado más eficiente y predecible. No existen soluciones simples, pero se pueden avanzar reformas que promuevan mayor estabilidad: desde mecanismos que eleven el costo político de la rotación, hasta mejoras en la selección y evaluación de los altos funcionarios públicos. Fortalecer la rendición de cuentas, la profesionalización del Estado y la cultura política es esencial. Solo así podremos asegurar que las políticas públicas no dependan del humor de la coyuntura, sino de una visión de país sostenida en el tiempo.