Amparo Begazo, procuradora pública regional de Arequipa.

En lo que va del 2025, la Procuraduría Pública Regional de Arequipa asume la defensa jurídica de 44 procesos arbitrales vinculados al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), todos relacionados con la ejecución de obras. A pesar de la complejidad de las disputas legales, el equipo encargado está conformado apenas por cinco trabajadores contratados: dos abogados y tres bachilleres. Sin embargo, requerirían al menos 10 abogados para disminuir la carga.

«Ahora tenemos 44 arbitrajes en trámite. Esta cifra es mucho menor a la de años pasados, donde –en algún momento– llegamos a afrontar 100 arbitrajes. (…) Todos los arbitrajes son por obras. Lo que más se ventila son las ampliaciones de plazo o las resoluciones de contrato. No podemos detallar las acciones de defensa en ningún proceso, más allá del número y temas generales», señaló Amparo Begazo Burga de Dávila, procuradora pública regional de Arequipa.

Durante el 2025, aún no se ha cerrado ningún arbitraje, ya que cada proceso puede extenderse entre dos y tres años. Sin embargo, en 2024 se emitieron 14 laudos arbitrales, de los cuales cinco resultaron favorables al GRA y nueve en pérdidas. Al respecto, Begazo Burga indicó que cada decisión contraria al Gore Arequipa debe evaluarse cuidadosamente, considerando que la defensa se realiza en base a la información que las distintas dependencias del Ejecutivo regional facilitan a la procuraduría.

Pese a la necesidad de un equipo mínimo de diez abogados, las restricciones presupuestales impiden ampliar el personal. «Los arbitrajes son complejos. Dado que no solo requieren estudio, sino acopio de información y representación. Ahora disponemos de dos abogados y tres bachilleres; mismos que no pueden actuar en la defensa legal, solo en el acopio. Contar con 10 abogados sería lo adecuado, pero no nos es posible con nuestro presupuesto», finalizó.