Exministro del Interior Juan José Santiváñez, cumplirá disposición judicial.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso presentado por la Fiscalía de la Nación y dispuso que el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez no pueda abandonar el territorio nacional durante un plazo de 18 meses. Esta decisión revocó una resolución anterior y responde a una investigación por presunto tráfico de influencias agravado.

La medida restrictiva ocurre en un escenario en el que Santiváñez Antúnez es investigado a raíz de su intervención en diversos actos presuntamente irregulares, con el fin de favorecer a personas sometidas a proceso o condena, a cambio de pagos. No obstante, el todavía funcionario del gobierno de Dina Boluarte optó por burlarse de la medida. “Pucha, me perderé el Mundial y mis conciertos”, tuiteó con emojis de risa.

Posteriormente, en diálogo con La República, negó uno de los argumentos analizados por la sala sobre sus estudios jurídicos y adelantó que evalúan adoptar medidas. No obstante, mencionó que asume la decisión con tranquilidad. “Mientras esté vigente, habrá que cumplirla”, declaró.

Si hay existencia de arraigo, consideró que no es garantía absoluta frente al riesgo de fuga. Además, que por su censura y cese del cargo de ministro, Santiváñez había perdido su vínculo laboral con el Estado. A ello se suma el uso de oficinas alquiladas, con contratos vencidos o con sedes en el extranjero, lo que dificultaría la ubicación del investigado y elevaría el riesgo de escape.

“El hecho de que Santiváñez haya retornado al país tras un viaje oficial no constituye argumento suficiente para descartar el riesgo de fuga, dado que su retorno se produjo en el marco de una relación funcional con el Estado que ya no existe”, expuso la representante del Ministerio Público.

Asimismo, la presentación de información sobre la administradora del estudio jurídico de Santiváñez, quien luego del primer allanamiento abandonó el país hacia Chile (donde existiría una oficina del mismo estudio), y posibles bienes y conexiones del investigado en el extranjero, incluido un departamento en Miami.

Evaluando todo ello, la Corte Suprema consideró que el impedimento de salida del país es la más idónea y proporcional de las restricciones posibles en la etapa preliminar del proceso, con la finalidad de asegurar la presencia de Santiváñez en las diligencias clave.

La Fiscalía sostiene que, durante el año 2021, Santiváñez fue contactado por Miguel Joel Marcelo Salirrosas —un sentenciado que buscaba revertir la medida judicial en su contra—. En su calidad de abogado, cobró honorarios iniciales de 10 mil dólares americanos.

Cuando la vía ordinaria y las primeras instancias constitucionales resultaron desfavorables, una persona allegada a Marcelo Salirrosas volvió a contactar a Santiváñez. De acuerdo con los chats y testimonios recogidos por la fiscalía, el abogado mencionó la necesidad de un pago de otros 20 mil dólares destinados a “asesores externos”, que, según declararon los testigos protegidos, en realidad eran pagos dirigidos a magistrados del Tribunal Constitucional a cambio de una resolución favorable para el sentenciado.