Entre las personas que apoyaron al alcalde estaban trabajadores de la municipalidad.

AUTORIDAD DESLINDÓ RESPONSABILIDADES

Roberto Muñoz Pinto continuará como alcalde distrital de Socabaya, luego de que el concejo municipal declarara improcedente el pedido de vacancia en su contra. La solicitud fue debatida la mañana de ayer, 17 de junio, y obtuvo cuatro votos a favor y cinco en contra. Durante la votación, la ‘portátil’ del alcalde, conformada por trabajadores de la comuna, respaldó su permanencia en el cargo, a pesar del presunto favorecimiento a la empresa Financiera IM Constructora EIRL.

La sesión de concejo donde se debatió la vacancia inició a las 9:00 horas y se extendió por casi dos horas. Aunque la reunión se realizó de forma privada, un numeroso grupo de simpatizantes de Roberto Muñoz se aglomeró frente a la comuna distrital. Muchos de los manifestantes fueron identificados como locadores de servicios de la Municipalidad Distrital de Socabaya y sus familiares. La ‘portátil’ utilizó megáfonos, pancartas y otros implementos para intensificar el bullicio en los exteriores del local municipal y dificultar el acceso a la prensa.

Entre los trabajadores ausentes en horario laboral destacó Sofía Mayhua, encargada de OMAPED, quien habría citado a personas con discapacidad para atenderlas, pero se ausentó por arengar en favor de Muñoz Pinto. También se reportaron inasistencias en las oficinas de Vaso de Leche y Pensión 65, donde no se brindó atención a los usuarios. El vínculo laboral de los manifestantes quedó en evidencia cuando se observó el uso de vehículos municipales para su traslado.

Consultado sobre estas ausencias, el alcalde distrital sostuvo que la Contraloría General de la República solo puede intervenir a trabajadores nombrados y no a locadores de servicios, quienes —según él— no tienen horario de entrada ni salida.

«Yo no los he convocado. Ellos han venido. Es el clamor del pueblo. La población ha salido a defender la democracia», afirmó Muñoz Pinto.

El pedido de vacancia, presentado por la regidora Magaly Agramonte, se sustentaba en los presuntos vínculos entre el alcalde y Adeli Zeferina Jiménez, representante legal de la empresa Financiera IM Constructora EIRL, beneficiada con 33 contratos municipales por más de S/ 2 millones 700 mil desde 2023. No obstante, los cuestionamientos a la gestión de Muñoz Pinto también incluyen presuntos actos de corrupción, sobrevaloración de obras, abuso de autoridad y ejecución deficiente de proyectos, como hasta tres intervenciones en la calle La Oroya.

Frente a estos señalamientos, Muñoz Pinto responsabilizó a sus funcionarios por las contrataciones observadas y aseguró que las entidades competentes deben investigar cualquier irregularidad.