Proyecto empezó a ejecutarse en 2019 y hasta la fecha no culmina.

A través del Informe de Hito de Control N.° 4297-2025-CG/GRAR-SCC, la Contraloría General de la República advirtió una situación adversa en la obra de mejoramiento de las vías de Pampacolca y Tipán, ubicadas en la provincia Castilla. El proyecto, iniciado en 2019 y paralizado en 2022, fue reactivado por la actual gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA); no obstante, la empresa contratada estaría incurriendo en falencias que podrían comprometer los requisitos de calidad e integridad de la infraestructura vial.

Las obras de “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en la vía departamental AR-107, km 0+000 hasta km 17+859, Pampacolca-Tipán” comenzaron en 2019. Sin embargo, en 2022 el GRA resolvió el contrato con el consorcio CMC, alegando incumplimientos contractuales, por lo que la intervención, valorizada en S/ 14 millones 55 mil 274,64, quedó suspendida. En noviembre de 2024, la Gerencia Regional de Infraestructura aprobó la elaboración del expediente de saldo de obra para reactivar el proyecto, esta vez con un presupuesto de S/ 9 millones 599 mil 471,99, bajo la modalidad de contrata.

Como parte de la evaluación de la obra, la Contraloría identificó una situación adversa: la Valorización N.° 3 de la ejecución no adjunta controles de calidad. Además, presenta metrados no ejecutados de la partida de extendido y compactado de base granular, lo cual no se ajusta a los requerimientos contractuales. Esto podría generar que la obra no cumpla con los estándares de calidad exigidos. Según el informe, el contratista estaría ejecutando trabajos de tratamiento superficial bicapa sin realizar los ensayos de círculo de arena ni de resistencia al deslizamiento, procedimientos exigidos por las especificaciones técnicas del expediente de saldo de obra.

De acuerdo con la cláusula décimo tercera, el GRA debería aplicar penalidades ante estos incumplimientos. La falta de corroboración de materiales se sanciona con 0.2 de una UIT, mientras que no realizar los controles de calidad requeridos por la supervisión implica una penalidad de 0.1 UIT. A través del informe, la Contraloría recomendó al GRA adoptar las acciones preventivas y correctivas correspondientes, las cuales deberán notificarse en un plazo de cinco días hábiles.