PERÚ COMPETITIVIDAD

El último reporte de la Contraloría General de la República muestra que, a marzo de 2025, el Perú acumula 2.572 obras públicas paralizadas, con una inversión inicial de S/43 mil millones y un saldo por ejecutar que supera los S/22.500 millones. Esto equivale a más del 34% del presupuesto total para proyectos para 2025 y al 2% del PBI. No obstante, el verdadero costo no es solo económico: son miles de servicios que no llegan a la población, infraestructura que se deteriora y una promesa de desarrollo que sigue en pausa.

El panorama empeora en comparación al año pasado. En marzo de 2024 se reportaban 2.324 obras paralizadas; hoy son casi 250 más. Además, el saldo por ejecutar se ha disparado en más de S/6 mil millones en solo un año, lo que sugiere no solo que se paralizan más obras, sino que también se trata de proyectos de mayor envergadura.

Detrás de esta cifra hay causas estructurales. El 72% de las obras paralizadas corresponde a gobiernos locales, muchas ejecutadas por administración directa, una modalidad históricamente más vulnerable a interrupciones. Las razones son conocidas: 600 obras están paralizadas por incumplimientos de contrato y otras 255 por deficiencias en el expediente técnico. Es decir, casi un tercio del total tiene origen en fallas desde la etapa de planificación o gestión contractual.

Los sectores más afectados tampoco sorprenden: Transporte lidera con 742 obras detenidas, seguido por Vivienda, Construcción y Saneamiento (570), y Educación (360). Sectores claves para la conectividad, el acceso a agua potable y la infraestructura educativa, que permanecen estancados.

Por otro lado, más de un tercio de estas obras —el 36,5%— tiene una inversión menor a un millón de soles, lo que revela un portafolio atomizado, con intervenciones de bajo impacto y alto riesgo de ineficiencia. Sin embargo, el problema no se limita a proyectos pequeños: también hay megaproyectos detenidos, algunos sin reportar avances desde enero de 2013.

El impacto trasciende lo presupuestal. La literatura muestra que cada año adicional de paralización en obras de agua y saneamiento puede aumentar hasta en 14% la incidencia de enfermedades diarreicas infantiles.

Por otro lado, diversas entidades, como el BID, han advertido que la paralización de obras no solo limita el acceso a servicios, sino que desalienta la inversión privada, frena el empleo y mina la confianza en el Estado.

El país no puede seguir acumulando obras inconclusas. Por ello, migrar a métodos más eficientes como Obras por Impuestos (OxI), con mejores resultados en plazos y calidad, es una alternativa que debe potenciarse. La continuidad no es solo técnica: es política pública. Es decir, no se trata solo de mejorar los expedientes, sino también de asumir el compromiso institucional de terminar lo que ya se empezó. A la fecha, más de 3.800 proyectos críticos con presupuesto en el 2024 no tienen continuidad presupuestal para 2025. Y hoy, el desarrollo no está detenido por falta de recursos, sino por falta de ejecución.