La trata de personas con fines de trabajo forzoso constituye una de las más graves vulneraciones a los derechos fundamentales del ser humano. A pesar de los avances normativos y del esfuerzo institucional por prevenir y erradicar esta práctica, su persistencia, a menudo silenciada o normalizada, nos interpela como Estado y como sociedad.

Según el Convenio 029 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú, se considera trabajo forzoso a todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena cualquiera, y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente. Esta definición deja claro que el trabajo forzoso puede manifestarse sin cadenas visibles: basta con una deuda manipulada, el miedo a ser denunciado o la retención de documentos para anular la libertad individual.

Por su parte, la trata de personas supone un proceso criminal de captación, transporte y explotación. Aunque se trata de figuras jurídicas distintas, ambas convergen en una misma consecuencia: la explotación de seres humanos en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Los sectores más afectados suelen ser los más invisibilizados: personas migrantes, trabajadores del hogar, menores de edad, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas. En muchos casos, su explotación ocurre lejos del escrutinio público, en espacios aislados o informales, lo que dificulta su identificación y sanción.

Frente a ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha desarrollado un Protocolo de Actuación en Materia de Trabajo Forzoso, que permite detectar y abordar estos casos desde un enfoque técnico, gradual y centrado en la víctima. Este instrumento constituye una herramienta esencial para garantizar que ningún acto de explotación quede impune.

No obstante, esta tarea no corresponde únicamente al Estado. Requiere del compromiso activo de todos los actores del mundo laboral. Los empleadores deben garantizar condiciones de trabajo dignas, sin coacción ni engaño. Los jóvenes profesionales tienen la responsabilidad de formarse con conciencia social y ética laboral. Las autoridades deben continuar fortaleciendo la fiscalización, la prevención y la sanción efectiva.

Asimismo, el involucramiento ciudadano es clave. La herramienta digital “SOS Alerta SUNAFIL” permite reportar posibles casos de trabajo forzoso o trabajo infantil de forma rápida y segura. Cada alerta puede significar una vida rescatada de la explotación.

El llamado es claro: no seamos indiferentes. Identifiquemos, alertemos, intervengamos. El trabajo forzoso no desaparecerá con discursos, sino con decisiones valientes, acciones concretas y una vigilancia constante desde todos los frentes.

Erradicar el trabajo forzoso no es solo una obligación legal, sino un compromiso moral con la dignidad humana. Que nuestras generaciones no sean recordadas por haber tolerado una nueva forma de esclavitud, sino por haberla enfrentado y superado.