Feria agropecuaria en medio de cuestionamientos.

A pesar de los cuestionamientos surgidos en la edición 2024, la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) confirmó la realización de una nueva edición del FestiAgro Arequipa 2025. En su versión anterior, la feria agropecuaria enfrentó denuncias por el impago a varios proveedores que prestaron servicios durante el evento. Un año después, aún no se han determinado responsabilidades. No obstante, las investigaciones continúan a nivel del Consejo Regional de Arequipa (CRA) y del Ministerio Público.

Entre el 22 y 30 de julio de 2024, la GRAG organizó la “I Feria Macroregional Agropecuaria del Campesino Arequipeño – FestiAgro”. Posteriormente, varios proveedores denunciaron que no se les pagó por los servicios prestados. Durante el primer trimestre de 2025, el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa abrió una investigación preliminar contra el exgerente regional de Agricultura, Abel Calderón Fernández, y el subgerente de Promoción Agraria, Duberly Otazú García, por el presunto delito de colusión simple o agravada en relación a estos impagos. La denuncia fue presentada por Julio Herrera Ojeda, quien entonces encabezaba la GRAG.

«No tenemos ningún documento que vincule a la Subgerencia de Promoción Agraria con el FestiAgro 2024. Solo se articuló con el comité organizador, que se encargó de la ejecución. Dicho comité desarrolló el evento sin injerencia directa de la subgerencia. (…) De todas maneras, se realizará un FestiAgro en 2025. Está dentro de la calendarización de la GRAG y se proyecta entre fines de octubre y la primera semana de noviembre. Si hay investigaciones, deben seguir su curso», declaró Pedro Valdivia Góngora, subgerente de Promoción Agraria de la GRAG.

A inicios de 2025, la presidencia del CRA solicitó información a la GRAG sobre la nueva edición del FestiAgro. Esta solicitud se relaciona con las denuncias de al menos 15 proveedores que aseguran no haber recibido pago. La defensa institucional se basa en que no existen órdenes de servicio suscritas, por lo que —según la GRAG— no habría pruebas documentadas de los servicios prestados. En esa línea, Valdivia Góngora afirmó estar dispuesto a remitir cualquier información requerida por el CRA, aunque señaló que hasta la fecha no se le ha solicitado. Respecto a la denuncia en el Ministerio Público, sostuvo que los involucrados —Otazú García y Calderón Fernández— deben responder por los avances del caso.