Por Jorge Turpo R.

Un grupo de padres de familia del colegio Monseñor José de Piro, se niega a acoger temporalmente a las niñas de la institución Livia Bernal mientras se ejecute la obra del nuevo plantel.

UGEL NORTE ADVIERTE SANCIONES

Un inusual y tenso enfrentamiento entre comunidades escolares se vive en el distrito de Cayma. Padres de familia del colegio Monseñor José de Piro se oponen a que las alumnas de la institución educativa Livia Bernal de Baltazar utilicen, de manera temporal, las aulas vacías de su nueva infraestructura.

Esto pese a que las estudiantes de primaria del colegio femenino no cuentan actualmente con un local seguro y deben estudiar en un local alquilado, pagado a medias por sus padres y la Municipalidad Distrital de Cayma.

Todo comenzó la semana pasada con la inauguración del nuevo local del colegio Monseñor José de Piro, que cuenta con 18 aulas, de las cuales actualmente solo se utilizan 10.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte dispuso que el colegio sirva como local de contingencia para acoger a las estudiantes de Livia Bernal desde el próximo 8 de julio, mientras se ejecuta la reconstrucción de su infraestructura, que se deterioró gravemente durante la temporada de lluvias.

Pero los padres del colegio Monseñor José de Piro se oponen. Alegan que el nuevo local fue construido para sus hijos y que las aulas que ahora están desocupadas serán necesarias para implementar el nivel secundario en 2026.

La UGEL, sin embargo, ha aclarado que la implementación del nivel secundaria es un proceso que tomará tiempo y que, en el mejor de los casos, sólo se abriría primero de secundaria el próximo año. Es decir, apenas se utilizaría una de las ocho aulas disponibles.

“Se les ha explicado que la implementación de secundaria no será inmediata. Por ahora, solo se requiere un aula más, por lo tanto, hay capacidad suficiente para recibir a las alumnas del colegio Livia Bernal”, dijeron desde la UGEL Norte.

Lejos de aceptar, los padres inconformes realizaron incluso una protesta en el frontis de la municipalidad, exigiendo que las alumnas sean enviadas al antiguo local prefabricado que antes fue usado como contingencia por los propios estudiantes del colegio Monseñor José del Piro mientras se construía su nueva sede.

¿INTRANSIGENCIA?

El alcalde de Cayma, Juan Carlos Linares, se mostró sorprendido por la negativa. “Desde el inicio del proyecto se sabía que esta infraestructura también serviría, temporalmente, para apoyar a otros colegios del distrito”, declaró. “Nos duele que no se entienda el espíritu solidario con el que se planificó esta obra. No se trata de adueñarse de un colegio. Se trata de compartir mientras sea necesario”, añadió.

La situación se agrava porque las alumnas del colegio Livia Bernal permanecen en condiciones precarias. Actualmente, estudian en un local privado, cuyo alquiler mensual de 5 mil soles es asumido por mitades entre los padres de familia y la Municipalidad de Cayma. Esta solución, claramente insostenible, se prolongará hasta mayo o abril de 2026, fecha estimada de entrega del nuevo colegio.

“Nos sentimos desplazadas”, afirma una madre de familia del colegio Livia Bernal. “No pedimos quedarnos ahí para siempre, solo queremos un lugar digno para nuestras hijas mientras reconstruyen su colegio”.

Reynaldo Paredes, director del colegio Livia Bernal, fue enfático: “No son dueños del colegio. La obra se hizo para los niños del distrito, no solo para un grupo”, dijo. “Lo que prima aquí es el derecho constitucional de los niños a recibir educación. No debemos anteponer el interés de un grupo de adultos”, agregó.

La UGEL Norte ha sido clara: si el colegio Monseñor José de Piro se niega a cumplir la directiva de acoger a las estudiantes de Livia Bernal, se iniciarán procesos disciplinarios. “De no cumplirse con la reubicación, remitiremos los actuados a la Comisión de Procesos Disciplinarios para que se investiguen posibles faltas estipuladas en la Ley de Reforma Magisterial”, dijeron.

La autoridad educativa también recordó que los bienes públicos —como las infraestructuras educativas— no pertenecen a grupos particulares. “Se debe entender que los padres de familia no pueden decidir sobre el uso de un colegio construido con recursos del Estado. La prioridad es garantizar el acceso a una educación segura y digna para todos los estudiantes”, concluyó la UGEL.

Mientras tanto, las niñas del colegio Livia Bernal siguen estudiando en un local alquilado. Y aunque la solución ya está sobre la mesa, la resistencia de un grupo de padres mantiene en suspenso su derecho elemental a recibir clases en condiciones seguras.