Urge intervención de autoridades para formalizar minera y evitar mayores daños ecológicos.

A pesar de su denominación como área protegida, la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, ubicada en la provincia de La Unión, está en riesgo latente debido a la actividad minera informal desarrollada en los distritos de Sayla y Huaynacotas. Ante la imposibilidad de erradicar dicha actividad, desde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), se detalló la necesidad de que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) promueva la formalización de los mineros, con el fin de mitigar posibles afectaciones en el área núcleo de la reserva.

Desde hace muchos años, los anexos de Huayllura (Sayla) y Huarcaya (Huaynacotas) son localidades reconocidas como zona minera. El Sernanp ha detectado alrededor de 20 yacimientos informales de extracción que podrían afectar la flora y fauna del lugar. Aunque las normas de protección son restrictivas, la población que reside dentro de la reserva posee derechos preexistentes incluso antes de que esta fuera reconocida como tal. En consecuencia, el Sernanp no puede erradicar sus yacimientos ni impedir su actividad.

«Se podría alcanzar la conservación si se logra la formalización del proceso. Si se desarrolla la actividad minera únicamente con fines de beneficio económico, sin considerar las condiciones de área protegida, la contaminación será alta y se generarán afectaciones. Si se practica una minería convencional, podría modificarse el paisaje natural. Es necesario que se realice una actividad extractiva adecuada a las condiciones, lo que dependerá de los entes rectores», declaró John Machaca Centty, jefe del Sernanp en Arequipa.

Aunque se iniciaron procedimientos ante la Fiscalía Ambiental, la población continúa con la actividad minera, ya que –en muchos casos– depende de ella para subsistir. Bajo ese escenario, Machaca Centty subrayó la necesidad de impulsar la formalización, para que la minería se desarrolle de forma sostenible y sin generar impactos negativos. En ese sentido, la Gerencia Regional Ambiental (GRAM) y la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) son las entidades llamadas a intervenir. Además de articular acciones con el Sernanp, deben generar un acercamiento con la población para lograr la formalización.