A pesar de la relevancia de su función fiscalizadora, la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) dispone de apenas S/ 550 mil para el 2026. Esta asignación solo garantiza su operatividad durante tres meses. Por ello, la entidad solicita un presupuesto adicional de S/ 1 millón que le permita cubrir el año completo. La restricción financiera limita las acciones de supervisión y fiscalización en pleno contexto de expansión de la minería ilegal en la región.

Actualmente, la GREM cuenta con 39 trabajadores, en su mayoría personal administrativo. La gerencia proyecta contratar cinco profesionales adicionales para conformar una brigada de fiscalización. No obstante, según explicó el gerente regional Luciano Taco Prado, para asegurar intervenciones continuas en campo se requieren al menos dos equipos permanentes. “Necesitamos ingenieros que hayan trabajado en operaciones y sepan hacer supervisiones. Este personal percibe sueldos competitivos, por lo que resulta complicado atraerlos sin remuneraciones acordes”, señaló.

La limitación presupuestal también restringe las inspecciones en zonas alejadas. Desde la GREM explicaron que estas se prolongan por varios días y demandan gastos logísticos en combustible, viáticos y alimentación. La situación es especialmente crítica si se considera que la gerencia recibe, en promedio, un reporte diario vinculado a actividades de minería ilegal. Durante la actual gestión, las provincias de La Unión y Condesuyos concentran la mayor incidencia; sin embargo, el fenómeno se ha extendido a Caylloma, donde anteriormente no se registraban estos casos.

El acceso a determinados sectores representa otro obstáculo. De acuerdo con Taco Prado, en algunas áreas los operadores ilegales colocan tranqueras e impiden el ingreso del personal fiscalizador. En esos casos, la GREM remite la información al Ministerio Público y coordina acciones con la Policía Nacional del Perú para la ejecución de operativos. “Ellos deben actuar frente a la disposición que notificamos. No tenemos mayor información sobre el avance, pero entendemos que cada caso está en proceso”, indicó.

Finalmente, el funcionario advirtió que, sin una ampliación presupuestal, la capacidad de respuesta continuará siendo limitada. La gestión de mayores recursos deberá canalizarse a través del Gobierno Regional de Arequipa, que sustentará el pedido ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Entretanto, la fiscalización se mantiene intermitente en una región donde los reportes de minería ilegal no se detienen.