El Consejo Regional de Arequipa (CRA) interpelará por segunda vez a Iván Prado Barreto, gerente regional de Energía y Minas (GREM), tras su retorno al cargo pese a haber sido censurado en 2025. El pliego de preguntas ya fue remitido y la sesión fue programada a las 10:00 horas del próximo miércoles 22 de abril, en un contexto marcado por cuestionamientos previos a su gestión y a su permanencia en la función pública.

Aunque la interpelación no implica automáticamente una censura, los consejeros advirtieron que una eventual inasistencia del funcionario —como ocurrió anteriormente— podría agravar su situación. En marzo de 2025, Prado Barreto no acudió a una primer interpelación del CRA y remitió sus respuestas fuera de plazo, lo que motivó su censura. Si bien en ese momento intentó desconocer la decisión e incluso judicializó su salida, finalmente presentó su renuncia el 31 de dicho mes.

El pedido de interpelación fue impulsado por el consejero regional por Arequipa, Fernando Cornejo Pacheco, quien cuestionó la designación del funcionario pese a sus antecedentes. “La interpelación no es un tema personal. El GRA ha designado a un gerente que denunció a los consejeros que votaron por su censura. De modo que le vale un comino la decisión del CRA. La cita busca que responda las interrogantes pendientes y, de hacerlo adecuadamente, no hay motivo para ir más allá”, declaró.

Entre los principales cuestionamientos figura la contratación de una trabajadora en la GREM que, en la misma fecha de su ingreso, mantenía un petitorio minero vigente, lo que podría configurar un presunto conflicto de intereses. Este caso forma parte de las interrogantes que el funcionario deberá absolver durante la sesión.

Asimismo, se le pedirá aclarar una denuncia periodística que lo vincula con una presunta visita a un establecimiento nocturno en el distrito de Chala, provincia Caravelí, mientras cumplía una comisión oficial financiada con recursos públicos para atender conflictos mineros. A ello se suma su negativa previa a exponer el plan de trabajo anual ante la Comisión de Energía y Minas del CRA, lo que generó cuestionamientos sobre su disposición a rendir cuentas ante el órgano fiscalizador.