La Fiscalía presentó una apelación contra la decisión del 2º Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, que rechazó el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. La medida se enmarca en las investigaciones por presuntas irregularidades durante las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril.

El recurso también comprende a otros implicados en el caso: José Edilberto Zamamé, Juan Antonio Fán Sánchez y Juan Chávez Alvarado Fuyo, representante de la empresa Gálaga SAC. Todos ellos son investigados por la presunta comisión de delitos como colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

El Ministerio Público había solicitado la detención preliminar por un plazo de siete días, argumentando la existencia de riesgo de fuga y de obstaculización de la investigación. Según la Fiscalía, la renuncia de Corvetto a la jefatura de la ONPE no eliminaba estos riesgos, por lo que consideraba necesaria la imposición de una medida restrictiva de libertad.

No obstante, el juez Manuel Chuyo rechazó el pedido. En su resolución, sostuvo que los investigados ya no mantienen vínculo laboral con la ONPE, lo que reduce la posibilidad de interferir en la recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía. En esa línea, indicó que no existe una capacidad concreta para obstaculizar las diligencias en curso.

En cuanto al peligro de fuga, el magistrado consideró insuficientes los argumentos presentados. Señaló que las inconsistencias en los domicilios o la falta de ubicación de los investigados no constituyen elementos sólidos para acreditar un riesgo real de evasión de la justicia.

Pese a rechazar la detención preliminar, el Poder Judicial sí autorizó otras medidas solicitadas por la Fiscalía, como el allanamiento e incautación de celulares, computadoras y documentos relevantes para el caso.

Ahora, con la apelación presentada, será una instancia superior la que determine si corresponde revocar la decisión inicial y ordenar la detención preliminar de los investigados, en un proceso que ha generado gran atención pública por su relación con la transparencia electoral.