El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país por un periodo de 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.

MEDIDA CAUTELAR

La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada el jueves por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. La decisión responde a un requerimiento presentado por el Ministerio Público, el cual fue declarado fundado tras la evaluación de los elementos expuestos en la sesión.

La restricción también alcanza a otros investigados vinculados al caso, entre ellos José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos son investigados por su presunta participación en un posible direccionamiento en el proceso de contratación para la distribución de material electoral durante las elecciones generales del pasado 12 de abril.

De acuerdo con la Fiscalía, las indagaciones apuntan a que el proceso habría favorecido a determinados proveedores, lo que configuraría un acto de colusión agravada. Este delito implica una concertación indebida entre funcionarios públicos y terceros en perjuicio del Estado, afectando la transparencia y legalidad de los procesos de contratación pública.

Durante la audiencia, la mayoría de los investigados optó por allanarse al pedido fiscal, lo que fue considerado por el juzgado al momento de emitir su resolución. En el caso de Corvetto, su defensa legal, a cargo del abogado Julio Arbizu, manifestó que el exfuncionario aceptó la medida como una muestra de su disposición a colaborar con las investigaciones en curso.

El impedimento de salida del país es una medida cautelar que busca garantizar la presencia de los investigados durante el desarrollo del proceso penal, evitando riesgos de fuga y asegurando que puedan responder ante la justicia conforme avancen las diligencias.

Este caso se enmarca en las investigaciones abiertas tras las elecciones generales, en las que se han detectado presuntas irregularidades en la logística electoral. La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Con esta decisión, el Poder Judicial refuerza el control sobre los investigados mientras se desarrollan las pesquisas, en un proceso que podría tener implicancias importantes en la institucionalidad electoral del país.