Por: Carlos Meneses

Arequipa no puede seguir siendo rehén de un mercado opaco. La transparencia en la formación de precios y la competencia efectiva no son aspiraciones teóricas, sino condiciones indispensables para una economía justa. Las multas millonarias deben ser el inicio de un cambio estructural, no un episodio aislado que se diluye con el tiempo. La ciudadanía exige algo más que sanciones: exige reglas claras, fiscalización real y, sobre todo, respeto.

La imposición de sanciones de hasta S/ 7 millones a estaciones de servicio por concertar tarifas debería marcar un punto de quiebre en el mercado de combustibles. Sin embargo, en Arequipa la percepción ciudadana es otra: el malestar persiste y la desconfianza crece. Para miles de conductores, transportistas y ciudadanos, el problema no es solo el alza de precios, sino la sospecha —cada vez más extendida— de que estos incrementos responden a prácticas coordinadas antes que a una verdadera dinámica de mercado.

El comportamiento de los grifos resulta, cuanto menos, cuestionable. Cuando existen factores externos que justifican un incremento —conflictos internacionales o fallas en la cadena de suministro— los precios suben casi de inmediato y de manera uniforme. Pero cuando esas presiones desaparecen o se atenúan, la reducción es lenta, desigual o simplemente inexistente. Esta asimetría genera la impresión de que el mercado no funciona bajo reglas de competencia real, sino bajo acuerdos implícitos que afectan directamente al consumidor.

Las cifras no son menores. En el último año, los precios del GLP, diésel y gasolina han alcanzado niveles que golpean la economía familiar y la operatividad del transporte. Taxistas, camioneros y empresas de transporte público enfrentan costos que, en muchos casos, hacen inviable su actividad. El impacto se traslada en cadena: encarece alimentos, servicios y, en general, el costo de vida en la ciudad.

Frente a este escenario, el rol de las entidades fiscalizadoras resulta determinante. Instituciones como Indecopi y Osinergmin tienen la responsabilidad de garantizar la libre competencia y evitar abusos en el mercado. No obstante, la percepción de los gremios es que su actuación es tardía o insuficiente. Las sanciones, aunque cuantiosas, parecen no tener un efecto disuasivo sostenido si las conductas cuestionadas se repiten o si la supervisión no es constante.

El antecedente de Chimbote, donde más de una veintena de grifos fueron sancionados por concertar precios, demuestra que estas prácticas existen y pueden ser probadas. Por ello, no basta con reaccionar ante denuncias puntuales; se requiere una vigilancia activa, permanente y técnica que permita detectar patrones irregulares antes de que perjudiquen masivamente a la población.

Además, si bien la concertación de precios no está tipificada como delito, la posibilidad de encuadrarla en figuras como la especulación abre una puerta para la intervención del Ministerio Público. Cuando se trata de bienes esenciales como el combustible, el Estado no puede limitarse a observar: debe actuar con firmeza y oportunidad.