En el Perú, determinar si una persona está en situación de pobreza depende de su nivel de gasto. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mide la pobreza monetaria comparando el gasto mensual per cápita de cada hogar con una línea de referencia: si ese gasto no alcanza los S/ 462 al mes por persona, el hogar se considera pobre; si no llega a S/ 260, se encuentra en situación de pobreza extrema.

Los resultados de 2025 muestran que la pobreza monetaria afecta al 25,7% de la población peruana, mientras que la pobreza extrema alcanza al 4,7%. En términos absolutos, cerca de 9 millones de personas no logran cubrir sus necesidades básicas de consumo, y más de 1,6 millones tienen dificultades incluso para garantizarse una alimentación adecuada. Lo que hace especialmente llamativo este panorama no es solo la magnitud de las cifras, sino su tendencia: pese a la mejora registrada respecto al año 2024 —cuando la pobreza llegó al 27,6%—, los niveles actuales son prácticamente idénticos a los de 2012, año en que la pobreza se situó en 25,8%.

Entre 2009 y 2014, cuando la economía peruana crecía en promedio 5,5% anual, la pobreza monetaria cayó 10,8 puntos porcentuales; posteriormente, entre 2014 y 2019, con un crecimiento promedio de 3,1% anual, la reducción se desaceleró a apenas 2,5 puntos. En contraste, entre 2019 y 2025, en un contexto de crecimiento promedio de 2,3% anual —marcado por la pandemia y una recuperación parcial e irregular—, la pobreza aumentó 5,5 puntos y aún se mantiene por encima de los niveles prepandemia. Un estudio de descomposición de pobreza realizado por Javier Herrera, director de investigación del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), ayuda a entender esta tendencia. Su análisis identifica el denominado “efecto crecimiento” —asociado a mejoras en los ingresos promedio de los hogares— como el principal componente detrás de los cambios en la incidencia de pobreza durante las últimas décadas. En conjunto, estos resultados muestran que cuando la economía pierde dinamismo también se reduce la capacidad de los hogares de mejorar sus ingresos y salir de la pobreza.

Pero hay un cambio de fondo que raramente ocupa el centro del debate público y que altera la naturaleza misma del problema: la pobreza en el Perú se ha urbanizado. En la última década, del total de personas en situación de pobreza, la proporción de aquellas que vive en ciudades no ha dejado de crecer. Mientras que en 2013 aproximadamente 5 de cada 10 personas pobres residían en zonas urbanas, actualmente esa cifra alcanza cerca de 7 de cada 10.

Este desplazamiento importa porque la pobreza urbana plantea desafíos distintos a los de su equivalente rural. En el campo, la precariedad muchas veces se sostiene en la producción para el autoconsumo, en redes comunitarias y en una menor exposición al costo monetario de la vida cotidiana. En la ciudad, en cambio, prácticamente todo tiene precio: el transporte, el alquiler, los alimentos, los servicios básicos. Los hogares urbanos en situación de pobreza dependen casi enteramente de sus ingresos laborales, que suelen provenir de empleos informales, eventuales y vulnerables ante cualquier desaceleración de la actividad económica. En regiones con alta concentración urbana, como Lima, Arequipa o Tumbes, la pérdida de un empleo o una caída en los ingresos puede deteriorar las condiciones de vida de miles de familias en cuestión de semanas, sin los mismos amortiguadores que existen en entornos rurales.

Reducir la pobreza en el Perú de hoy exige reconocer, antes que nada, que el problema ha cambiado. Hoy, millones de hogares dependen de ingresos urbanos marcados por la informalidad, la inestabilidad laboral y una alta vulnerabilidad frente a cualquier desaceleración económica. En ese contexto, generar condiciones para sostener ingresos estables y ampliar el acceso a empleo formal resulta cada vez más importante. Eso supone, en primer lugar, recuperar tasas de crecimiento económico sostenidas, no como un fin en sí mismo, sino como una de las principales herramientas para mejorar el bienestar de los hogares más vulnerables. Y supone, también, repensar el diseño de la política social para que responda a la pobreza que existe hoy, no a la que se diagnosticó hace veinte años.